Toni Cantó: “El escándalo del Puerto de Valencia no se hubiera producido si hubiera un control parlamentario anual”
UPyD plantea crear una nueva Ley de Responsabilidad Civil y Penal
El candidato de Unión Progreso y Democracia a la presidencia de la Generalitat, Toni Cantó, asegura que el escándalo del Puerto de Valencia no se hubiera producido si hubiera un control parlamentario anual”. Así, la formación magenta defiende la necesidad de aplicar medidas penales a todos los responsables de órganos, entes, empresas públicas, asociaciones, fundaciones u organizaciones privadas con participación pública implicados en casos de corrupción.
Cantó recuerda que la Autoridad Portuaria de Valencia es una empresa pública que depende del Ministerio de Fomento. Además, el programa electoral de UPyD recoge que sus responsables deberán ofrecer explicaciones de su gestión cada año ante la correspondiente comisión del Parlamento sobre los principales gastos incurridos, deudas, facturas o sobre costes.
Cantó afirma que Transparencia Internacional “nos ha puesto una nota de nueve sobre diez. Somos el partido más transparente de España. Tenemos publicadas las cuentas y nuestras nóminas en la página web de UPyD. Todo el mundo tiene acceso a esa información. No escondemos nada”. El diputado destaca que “el Gobierno debería aprender de nuestro ejemplo y publicar las nóminas de todos los responsables de empresas públicas y demás entes del Estado. Gastar 59.000 euros en cestas de Navidad o 300.000 euros en facturas de médicos y farmacias es una vergüenza. Los responsables del Puerto de Valencia no están por encima de la ley, ni tienen privilegios”.
UPyD plantea crear una nueva Ley de Exigencia de Responsabilidad Civil y Penal para los casos más graves. Es decir, aplicable a aquellos responsables públicos que, tras la finalización de su mandato, se constate ocultación de deudas o impagos del órgano o administración de la que fueran responsables.
Cantó explica que “para evitar privilegios es necesario cambiar dos artículos de la Constitución de forma ‘expres’ antes del 31 de diciembre para eliminar el aforamiento de diputados y senadores. Nuestro objetivo es que no haya ni un solo diputado ni senador que sea juzgado por un juez distinto a los que juzgan a los ciudadanos que representamos”.
