CSI•F denuncia que la Comunidad Valenciana está a la cola de España en número de funcionarios estatales por habitante

El sindicato CSI•F denuncia que la Comunidad Valenciana cuenta con una ratio de 354 habitantes por empleado público perteneciente a la Administración General del Estado (AGE). Esta cifra la sitúa a la cola de las autonomías con iguales transferencias y representa, por ejemplo, prácticamente el doble que los 186 trabajadores públicos por ciudadano que tiene la comunidad de Aragón, o los 194 de Castilla y León.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI•F) exige al nuevo delegado del Gobierno que no se amorticen las vacantes por jubilaciones y que aumenten las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) en los distintos organismos en la Comunidad Valenciana. De esta forma podría atenuarse la discriminación que supone el hecho de “pagar impuestos similares que en otras autonomías y disponer de menos empleados públicos en proporción”.

El sindicato CSI•F explica que, según los datos difundidos por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, en enero de 2014 había registrados 13.998 empleados públicos para atender a una población que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), alcanzaba, en esa misma fecha, 4.963.027 ciudadanos. Por tanto, refleja una ratio de 354 habitantes por empleado público. Esos 13.998 trabajadores constituyen, además, un 5,3 por ciento menos que los 14.781 existentes en enero de 2012.

CSI•F señala que ese cociente de 354 supera con creces la ratio de 186 de Aragón, los 194 de Castilla y León y también las del resto de comunidades con los mismos derechos transferidos. De este modo, la división en Castilla y La Mancha asciende a 316; en Baleares, a 310; en Canarias, a 291; en Extremadura, a 284; en Asturias, a 283; en Andalucía, a 271; en La Rioja, a 258; en Murcia, a 246; en Galicia, a 246; y en Cantabria, a 245. Únicamente las tres comunidades con más transferencias, Cataluña, País Vasco y Navarra, cuentan con menos empleados estatales per cápita que la valenciana.

El sindicato señala que esta escasez de empleados públicos revierte en un deterioro de la calidad del servicio en entidades como la DGT, el Servicio Público de Empleo Estatal, Fogasa, Instituciones Penitenciarias, Sanidad Exterior, Agencia Tributaria, Seguridad Social, Inspección de trabajo, Punto de Inspección Fronteriza, Confederación Hidrográfica del Júcar, expedición de DNI y pasaporte, y un largo etcétera.