El PSPV demanda más suelo para vivienda protegida en la nueva Ley de Territorio, como mínimo el 30% estatal
Los socialistas valencianos proponen que se aumenten las reservas de suelo para vivienda protegida en la nueva ordenación del territorio en la Comunitat Valenciana. En este sentido, han presentado un conjunto de enmiendas al proyecto de ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana para que las reservas de suelo se adecuen a la demanda social de vivienda existente, es decir, que se dimensionen en función de las rentas familiares disponibles, aplicando un máximo de 1/3 de las mismas a la obtención de la vivienda, manteniéndose el mínimo establecido en la legislación estatal del 30% como media, de la edificabilidad residencial prevista dentro del ámbito del Plan General. Al respecto, ha defendido una política pública de vivienda a precio asequible y orientada fundamentalmente al alquiler para todas las personas y familias que peor lo están pasando con la crisis.
‘Programas de Transparencia Urbanística’
El portavoz socialista de Medio Ambiente en Les Corts, Francesc Signes, defenderá en la Comisión de Medio Ambiente que mañana se celebrará en Les Corts las 128 enmiendas presentadas por el PSPV, para subsanar las numerosas deficiencias e insuficiencias del proyecto de ley, abordando aspectos esenciales desde el punto de vista social y político y también cuestiones técnico-jurídicas. De esta manera, ante la insuficiente regulación en el control social de los procesos de participación pública del planeamiento que el proyecto de ley contempla, el PSPV propone la disposición de ‘Programas de Transparencia Urbanística’ aplicables a todas las actuaciones que comporten reclasificación o recalificación del suelo. “Hay que poner negro sobre blanco y a la luz pública las consecuencias económicas y las plusvalías de dichas actuaciones”, ha insistido Signes, quien ha defendido que “contra la corrupción, transparencia”.
En cuanto a las plusvalías que le corresponden a la Administración y que el proyecto de ley las reduce al mínimo posible, el 5%, los socialistas proponen que el porcentaje se establezca en función de la rentabilidad económica de las actuaciones, llegando hasta el máximo del 20% que la legislación estatal señala para aquellas actuaciones de excepcional rentabilidad. Además, promulgan que una parte se destine (la mitad del aprovechamiento que supere el 10%) a la obtención de suelo protegido, “suprimiéndose de esta forma, el lamentable y espurio mecanismo actual, el denominado del ‘m2/m2’, que tantas prácticas impropias y especulativas, cuando no corruptas, ha posibilitado”, ha denunciado Signes.
Sobre la tramitación del planeamiento urbanístico conjuntamente con la evaluación ambiental estratégica, el PSPV plantea una “atribución competencial clara” entre los organismos responsables de Medio Ambiente y de Urbanismo, así como de ambos con los ayuntamientos. Igualmente, reclaman recuperar la prevalencia del interés general, es decir, de la iniciativa pública frente a la propiedad privada.
“Desarrollismo desregulado”
Signes ha explicado que este conjunto de enmiendas tiene el objetivo de constatar la intención del PSPV contribuir a la mejora del proyecto del Consell, dada “la enorme trascendencia para la calidad de vida de los ciudadanos y para la recuperación de la actividad económica y de la generación de empleo”. Así, ha recordado que al “lamentable período de desarrollismo desregulado” que la Comunitat Valenciana ha venido soportando en los últimos quince años hay que añadir actual situación de parálisis inmobiliaria y precariedad social urbana que el citado modelo depredador produjo, junto a la aparición de indeseables procesos de especulación urbana y de numerosos casos de corrupción política, así como los sangrantes procedimientos de desahucios de viviendas. Todo ello ha terminado por generar “un grave escenario de deterioro y alarma social que exige, sin más tardanza, el cambio del viejo modelo por otro que permita revertir la insoportable situación señalada”.
