Ábalos: “Arias Cañete en materia de Medio Ambiente deja un pésimo legado”
El portavoz de Medio Ambiente denuncia que este proyecto de ley “es parte de la obra póstuma de Arias Cañete como Ministro, su última contribución a la desprotección del Medio Ambiente”
“Arias Cañete en materia de Medio Ambiente deja un pésimo legado”, denunció hoy el portavoz socialista de Medio Ambiente en el Congreso, José Luis Ábalos.
“Este proyecto de ley es parte de la obra póstuma de Arias Cañete como Ministro, su última contribución a la desprotección del Medio Ambiente”, afirmó en su intervención en la Comisión donde se ha aprobado el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
“El Gobierno hace todo lo contrario de lo que proclama la Directiva que incluye su proyecto de ley como argumento para justificar la oportunidad de aprobarlo ya”, subrayó Ábalos. La Directiva 2013/30/ue del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013 sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro –impulsada tras el accidente de la Plataforma de la multinacional British Petroleum en el Golfo de México, caso que recuerda al del Prestige o el de Aznalcollar, además de accidentes graves como el de Chernobil o Fukushima-, establece los objetivos de conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente y la utilización prudente y racional de los recursos naturales.
Así, explicó el portavoz socialista, la Directiva “sienta la obligación de que la política de la Unión en este ámbito alcance un nivel de protección elevado basado en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de que los daños al Medio Ambiente han de ser corregidos preferentemente en la fuente misma, y en el principio de que quien contamina paga”. Y el PP cambia el modelo, denuncia Ábalos.
“Un Gobierno que va a lo suyo”, y “desmantela todo”
Ábalos también lamentó "la falta de transparencia" del Gobierno, al mencionar que ayer se conoció, gracias a la pregunta de un diputado de la Cámara, un informe del Instituto Geográfico Nacional que establece una relación de causalidad entre los movimientos sísmicos en la costa de Tarragona y Castellón y la Plataforma Castor, y que viene a reforzar la idea de "que ninguna Administración, ningún Gobierno puede descuidar nunca la prevención".
Tras comparar que también hace una semana conocimos una ofensiva del presidente de Estados Unidos por avanzar en soluciones sobre la sostenibilidad y el cambio climático, lamentó que en España tengamos “un Gobierno que va a lo suyo, en sentido estricto; A lo suyo en una política ambiental miope que nos aleja de los países avanzados y nos lleva a los niveles impensables", añadió. "El PP nos ha recordado que en este tema, y en otros, nunca hay que dar ningún derecho por conquistado ni ninguna batalla por ganada, porque en su tarea ya se encargan de desmantelarlo todo", advirtió el portavoz socialista.
El Gobierno del PP cambia el modelo
“Los daños ambientales se pagan, y se pagan siempre”, aseguró. “La cuestión es quién se beneficia, quién los sufre y quién los paga”, explicó Ábalos, que denunció el cambio de modelo del “quien contamina paga” a “quien paga es todo el mundo menos quien contamina”.
"Al Gobierno no le interesa que hablemos de que la generalización de la responsabilidad objetiva en materia de responsabilidad ambiental es una garantía para ese principio de quien contamina paga", subrayó Ábalos al asegurar que “tenemos una discrepancia profunda en el modelo”.
“Nosotros no creemos que siendo menos exigentes a la hora de solicitar informes de impacto ambiental, permitiendo contaminar más a las empresas o hacerlas menos responsables de sus actividades nocivas estemos ayudando a la economía ni al empleo. No es cierto que así se creen más empresas, pero sí que se crean peores empresas, menos competitivas porque no cuidan su verdadera estructura de costes”, argumentó.
Así, en su intervención, Ábalos defendió las enmiendas socialistas y la vuelta al texto original de la Ley de 2007, además de denunciar “la utilización del trámite de enmiendas para el parcheo”, como que el Gobierno esté modificando el Plan Hidrológico Nacional “por la puerta de atrás”; y el “incumplimiento reindicidente de la normativa europea” por parte del Ejecutivo.
