Alrededor de 300 productores de vino de LA UNIÓ han protestado hoy en Valencia para exigir soluciones a los problemas que sufren

Alrededor de 300 productores de vino de LA UNIÓ de Llauradors, procedentes de todas las zonas de la Comunitat Valenciana, han realizado hoy un acto de protesta en Valencia ante la difícil situación en la que se encuentran con un descenso importante en los ingresos que perciben y unas políticas nefastas para el sector. A lo largo de la manifestación se han unido y apoyado las reivindicaciones de los agricultores representantes del PSPV-PSOE, Compromís y EUPV.

Bajo una pancarta con el lema “Viticultores arruinados, gobernantes acomodados” los agricultores han salido desde la plaza de la Reina hasta concentrarse en las puertas del Palau de la Generalitat, donde el periodista agrario de la comarca de Utiel-Requena, Luis Ibáñez, ha leído un manifiesto reivindicativo dirigido al presidente Alberto Fabra y al conseller de Agricultura, José Ciscar, en el que piden soluciones y medidas urgentes. En los parlamentos ante la Generalitat han intervenido representantes de LA UNIÓ de todas las Denominaciones de Origen y el secretario general Ramón Mampel.

Los agricultores critican la política especulativa de las grandes bodegas, consentida por las Administraciones Públicas, que provoca que el vino se pague ahora un 50% más bajo que en el comienzo de campaña en octubre; unido todo ello a la importación masiva e incontrolada de vino procedente de países terceros. Los productores reclaman así mismo el cobro de las ayudas pendientes procedentes del Programa de Desarrollo Rural Valenciano, con una cifra que es superior ya a los 8 millones de euros y que están sin pagar desde el año 2012. A juicio de LA UNIÓ “esta circunstancia representa una merma de la competitividad de los viticultores valencianos frente a los de otras zonas donde sí las perciben de forma periódica, tenemos una Generalitat morosa que no cumple con sus obligaciones mientras nos exige que nosotros cumplamos con las nuestras”. Ante esta circunstancia, LA UNIÓ exige un periodo de pago obligatorio de las ayudas públicas.

LA UNIÓ también cuestiona la discriminación de la Generalitat hacia los viticultores profesionales en las ayudas por los trabajos de reestructuración donde prima “ilógicamente” la subcontratación de un tercero” o el intento de unificar todas las Denominaciones de Origen en una sola, “en contra de las tendencias de los mercados que se dirigen a una diferenciación y en contra también de la filosofía de la normativa comunitaria”. Otro aspecto que critican es la brutal subida de las tarifas eléctricas para riego que pone de manifiesto que “los gobernantes benefician siempre a los grandes, a las grandes bodegas o comerciantes y a las compañías eléctricas.