El PSPV lamenta que "el PPCV deje bajo mínimos la reserva de suelo para vivienda protegida"

El diputado socialista y portavoz de Infraestructuras y Medio Ambiente en Les Corts, Francesc Signes, ha analizado hoy el Anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje presentado por el PPCV y ha lamentado que presenta “importantes deficiencias sociales, de claro contenido ideológico con las que los socialistas no podemos estar de acuerdo”.

En este sentido, ha destacado las relacionadas con las políticas públicas de Vivienda Protegida, “en las que se opta por la disposición de mínimas reservas de suelo, así como por la aplicación de la Transitoria segunda de la ley por la que se suspende por cuatro años la vigencia de las reservas de VPP establecidas, pese a que es una medida técnicamente impracticable”. Al mismo tiempo, ha subrayado el escaso peso que la Administración dispone en la participación en las plusvalías generadas por el planeamiento, ya que el proyecto de ley estable un porcentaje de aprovechamiento fijo y limitado, en concreto de un 10% en urbanizable y un 5% en urbano), “cuando la legislación estatal permite alcanzar hasta el 20% en función de la rentabilidad económica de las actuaciones”.

Por otro lado, se ha referido al “papel privilegiado” que se les otorga a las corporaciones titulares de las denominadas ‘dotaciones privadas’ (colegios privados, centros deportivos, clínicas privadas) “puesto que se les exime de deberes y cargas urbanísticas, cuando en realidad son usos terciarios lucrativos”. A este respecto Signes ha apuntado que “parece sensato reconocerles unas características de interés público derivadas de su finalidad social, pero esta consideración no debe eximirles de asumir al menos una parte de los deberes urbanísticos que un uso terciario comporta”.

Finalmente, ha hecho hincapié en las “insuficiencias que este anteproyecto de ley presenta con respecto a los procesos de participación pública y control social en los procedimientos de aprobación del planeamiento que deberá ser intencionadamente completadas, en aras de acotar al máximo los derivados procesos especulativos y la adopción de acuerdos propiciadores de corrupción”.

A favor de la propiedad en casos de gestión indirecta

Por otro lado, el diputado del PSPV-PSOE ha querido destacar otra característica especial y relativamente novedosa que se incluye en este Anteproyecto de Ley “centrada en la preferencia que, para los casos de gestión indirecta, adopta a favor de la propiedad frente a la aplicación del régimen de libre empresa en la selección del urbanizador, edificador o rehabilitador”.

Así, ha señalado que “esta posición resulta lógica en el PP, no sólo por razones ideológicas propias derivadas de su raíz conservadora, sino porque así dan la imagen de acabar con las prácticas patológicas que ellos mismos propiciaron en las operaciones de homologación reclasificatoria o en la adjudicación a urbanizadores con nombres y apellidos apoyadas en bases de concurso amañadas”.

En este sentido, ha lamentado que estas medidas “limitan la capacidad de una intervención preactiva y ágil de la administración en el proceso de gestión indirecta mediante la disposición de procedimientos concurrenciales, concretamente basados en el interés general, lo que acabará produciendo una dilación en los tiempos de desarrollo del planeamiento al descansar la iniciativa de su ejecución prioritariamente en las manos y voluntad de los propietarios de suelo reclasificado o recalificado”.

Propuestas socialistas

Del mismo modo, el portavoz de Territorio y Medio Ambiente socialista ha querido destacar que este anteproyecto también mantiene muchas de las propuestas planteadas por el PSPV-PSOE, entre las que ha querido destacar la desagregación del Plan General en dos planes, el Estructural y el de Ordenación Pormenorizada “lo que dará mayor agilidad en la formación del planeamiento, facilitará su inteligibilidad social y permitirá aclarar las competencias propias de ayuntamientos y Generalitat”.

También se ha referido a la atención instrumental a la intervención en la ciudad consolidada y, en concreto, a los procesos de regeneración y renovación urbanas “lo que garantiza, aunque con sustanciales insuficiencias enmendables, un desarrollo rotacional mínimamente equilibrado, aplicando para su ejecución procedimientos de gestión concertada entre administración, propiedad y empresario, desarrollando para ello las determinaciones básicas que se establecen en la Ley de Suelo del 2008”.

Finalmente, Signes ha señalado que “como valoración general cabe reconocer que, como no podía ser de otro modo, este anteproyecto presenta una mejora sustancial frente al mare-mágnum legislativo y normativo vigente, lo que tampoco era muy complicado”.