El PSPV insta a Bonig a “cumplir la petición de la Síndic de Greuges de no repercutir el IBI a las viviendas de alquiler social”
La diputada socialista y portavoz de Vivienda en Les Corts, María José Salvador, ha instado a la consellera Bonig “a que cumpla las instrucciones dadas por la Síndic de Greuges para que no repercuta el IBI a las viviendas de alquiler social”.
Del mismo modo, ha recordado que, desde el PSPV-PSOE, “hemos denunciado esta situación en múltiples ocasiones, acompañados incluso por miembros de comunidades de vecinos, como La Coma en Paterna o La Moleta en la Vall d’Uixó”, al tiempo que también ha señalado que “la única respuesta que hemos obtenido por parte de la consellera Bonig es que es legal, mientras ha instado al fraccionamiento de este pago”.
Salvador también ha destacado que algunas de las personas que están alquiladas en estas viviendas “llevan más de 30 años viviendo en ellas sin pagar el IBI, puesto que lo asumía el IVVSA”. Sin embargo, esta misma ley está vigente desde el año 1994 “pero ahora, de la noche a la mañana, Bonig ha decidido repercutir el pago del IBI a estas personas, precisamente en este momento de tan complicada coyuntura económica y cuando la realidad es que son estas personas las que forman parte de los sectores más vulnerables de la población valenciana, puesto que cumplen requisitos económicos muy limitados”.
Por este motivo, los socialistas se han sumado a la petición realizada por la Sindic de Greuges e instan a Bonig a que “paralice esta decisión, cuando además, tal como le recuerda la síndica, la propia conselleria no paga el IBI de las viviendas que tiene vacías”. Así, ha insistido en que “no es suficiente el argumento de la consellera, que se conforma con asegurar que este impuesto es legal, sino que nosotros insistimos en que es inmoral e injusto”, al tiempo que ha señalado que “el fraccionamiento del pago no soluciona el problema de fondo en un colectivo de personas que difícilmente llegan a final de mes”.
Finalmente, Salvador ha subrayado que “esta decisión vulnera absolutamente el Estatut de Autonomía que asume que la Generalitat tiene competencias en materia de vivienda y que debe garantizar el derecho a la vivienda a los valencianos y valencianas, puesto que rompe con el objetivo social del Instituto de la Vivienda”.
