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Blasco: “La política migratoria de Zapatero continúa siendo un fiasco”

  • El conseller critica al Ejecutivo que ha pasado del “papeles para todos” a expulsiones indiscriminadas

  • El Colegio de Abogados de Valencia ya denunció “situaciones lamentables por la aplicación restrictiva de la Ley de Extranjería desde Subdelegación”

  • El Consell redobla sus esfuerzos para proteger a los más débiles ante la crisis

El conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, tras las informaciones publicadas hoy sobre detenciones masivas de inmigrantes, ha reclamado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que “asuma sus responsabilidades y reconozca que su política migratoria ha sido y es un auténtico fiasco”.“En apenas unos meses –ha continuado Blasco- han pasado del “papeles para todos” a las expulsiones indiscriminadas, obviando los derechos humanos que son de obligado respeto”.

En este sentido, el conseller Rafael Blasco, ha hecho también hincapié en que “estas actuaciones restrictivas demuestran la ineficacia absoluta, el caos y los frentes abiertos que tiene el Ejecutivo en relación a las personas inmigrantes fruto de las regularizaciones masivas, el efecto llamada y una indignante falta de orden de los flujos migratorios”. En 2004 había 1.647.000 extranjeros con tarjeta de residencia, apenas cuatro años y medio después ya había alcanzado los 4.500.000.

En esta dirección, el titular de Inmigración y Ciudadanía, ha hecho referencia a la reforma de la Ley de Extranjería como una excelente oportunidad, hasta el momento desaprovechada, para establecer medidas concretas que terminen con la desorganización política de esta materia.

“Pese a que citada modificación incluye cambios en una cincuentena de artículos, no resuelve los principales problemas a los que se enfrentan las personas inmigrantes: no ordena la entrada y la permanencia legal, el efecto llamada ni desarrolla pautas para hacer frente al desempleo. Y especialmente, no aborda realmente políticas centradas en la integración” ha lamentado Blasco.

Es por ello, que desde el Gobierno Valenciano se ha propuesto la adición de un nuevo título que desarrolla actuaciones con contenidos similares al Compromiso de Integración y que garantiza herramientas para facilitar a las personas procedentes de otros países su plena inserción en la sociedad de acogida.

El Consell redobla esfuerzos para apoyar a los más vulnerables   

Blasco ha  recordado que “dado el momento de crisis económica en el que está inmerso nuestro país, la Generalitat ha redoblado sus esfuerzos por estar cerca de aquellos que más lo necesitan”. En relación a las más de 840.000 personas extranjeras que residen en tierras valencianas, desde la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía se ha realizado un importante refuerzo de las políticas de integración.

Entre las múltiples acciones que ya están en marcha en la actualidad encontramos la red de Agencias de Mediación para la Integración y la Convivencia Social (AMICS) cuenta además de con las 45 Agencias que ya hay en funcionamiento, con 57 municipios valencianos adheridos a la misma. Asimismo, la Comunitat cuenta con la primera Ley de Integración de Personas Inmigrantes de toda España. Su punto de partida es el conocimiento y respeto mutuo dentro del marco constitucional y estatutario, así como la igualdad en derechos y en obligaciones.

En referencia al Pacto Valenciano por la Inmigración, es la primera vez que en nuestro país y en la Comunitat que se ha adoptado un acuerdo de estas características y que permitirá que tanto la ley como el Plan se desarrollen plenamente. El citado pacto, suscrito entre la Generalitat, sindicatos y patronal contiene medidas de carácter formativo, laboral y cultural.

“Vivimos una época de crisis que se ceba especialmente con colectivos de alta vulnerabilidad como son los inmigrantes. Nuestra obligación es seguir adelante con el compromiso de lograr su integración que facilite a la vez su estabilidad social y laboral” ha concluido el conseller Blasco.

Denuncia del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV)

Hace apenas un mes, el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), presentaba una denuncia por las situaciones lamentables, provocadas por la aplicación “restrictiva” de la normativa de extranjería desde Subdelegación, y que estaban afectando básicamente a derechos que se presuponen a todos los extranjeros, como son el respeto a sus derechos fundamentales, o el respeto a las minorías más débiles”.

Esta denuncia destacaba la existencia de claros obstáculos para los extranjeros desde la propia Subdelegación del Gobierno de Valencia algo que propiciaba situaciones de ilegalidad favoreciendo los abusos sobre aquellos inmigrantes que se encontraban en situación administración irregular.

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