Tena: "El PP impide recurrir la inconstitucionalidad de una ley que ahoga a cientos de ayuntamientos"
El PP ha impedido hoy en Les Corts la aprobación de un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en un pleno extraordinario convocado a petición del PSPV-PSOE para paralizar una legislación “que ahoga a cientos de ayuntamientos”. De esta manera, el diputado socialista, Óscar Tena, ha subrayado que esta ley “es inconstitucional porque lesiona la autonomía local”.
Esta no es la primera vez que el grupo parlamentario popular se posiciona a favor de esta legislación, puesto que ya impidió hace unos meses que se retirara el anteproyecto de ley. Cabe recordar que, finalmente, se aprobó “con el rechazo del resto de fuerzas políticas y de la inmensa mayoría del municipalismo español”, ha destacado Tena, quien ha señalado que “es un despropósito porque quita, entre otras barbaridades, competencias a los ayuntamientos, vulnerando con ello la garantía constitucional de la autonomía local que reconoce la Constitución”.
Por este motivo, el diputado del PSPV-PSOE ha hecho hincapié en que “una ley no puede eliminar el derecho de la comunidad local a participar, a través de sus propios órganos de gobierno en los asuntos que directamente le afectan, o dejar irreconocible la institución municipal, tal y como siempre la hemos conocido, ni permitir que los municipios estén subordinados, tutelados o controlados por las Diputaciones, y que no tengan autonomía financiera, entendida esta como garantía de suficiencia de recursos económicos y como capacidad autónoma de gasto”.
Para Tena, esta ley “vulnera claramente la autonomía local cuando suprime la condición de administración más cercana al ciudadano mediante la eliminación del principio de máxima proximidad, lo que quiebra la imagen de la institución”. Además, ha recordado que establece una “diferencia arbitraria entre los municipios según su número de habitantes, imponiendo controles, cargas y restricciones sobre los más pequeños”. Por otro lado, esta legislación también supone que sean las Diputaciones las que formulen una propuesta de coordinación de los servicios municipales, con el fin de reducir los costes efectivos de los servicios. Así, ha señalado que “se tendrá que cumplir el trámite de alcanzar un acuerdo entre los municipios afectados antes de elevar la propuesta al Ministerio pero, si no se alcanza, la decisión final le corresponde a la Diputación, que por tanto es finalmente la que propone para que el Ministerio decida”.
Por este motivo, ha preguntado a los diputados presentes hoy en el pleno “si están de acuerdo en el atropello que supone que a partir de ahora sea en Madrid donde decidan cómo se van a gestionar nuestros servicios”, al tiempo que ha cuestionado “para qué van a elegir los ciudadanos a sus alcaldes y concejales si no tendrán capacidad de decisión”.
El diputado socialista ha apuntado también que “otro aspecto terrible de esta ley es que obligará a los ayuntamientos a calcular los costes efectivos de los servicios mínimos obligatorios municipales” y ha señalado que la sustitución del concepto Coste estándar por Coste efectivo no es más que un disfraz que no logra ocultar las intenciones privatizadoras de los servicios públicos”. A esto cabe sumar que serán las Comunidades autónomas las que asumirán competencias que, hasta ahora, eran propias de los municipios “y que se refieren a cuestiones tan importantes como la atención primaria de la salud, la prestación de servicios sociales o la adjudicación y la conservación de edificios educativos públicos”.
Finalmente, Tena ha remarcado que existen distintos contenidos de esta ley “que vulneran las competencias autonómicas al extralimitarse en la delimitación de lo básico, contradecir competencias autonómicas o vulnerar cuestiones constitucionales a la ley orgánica, invadiendo competencias autonómicas”. Así, se ha referido al intento de propiciar la fusión de municipios o a la regulación del proceso de creación de entidades de ámbito inferior, entre otras.
Por todo ello, los socialistas consideran que “esta ley daña la raíz misma del gobierno municipal e invade competencias de las comunidades autónomas, al tiempo que quita competencias a los ayuntamientos”, mientras que “abre el camino a la desaparición o la privatización de los servicios públicos que ahora prestan los ayuntamientos”. De esta manera, se oponen frontalmente a ella “porque en lugar de mejorar la eficiencia y ahorrar, va a multiplicar el gasto; al tiempo que en lugar de evitar duplicidades, las potencia”.
