Compromís presenta alegaciones contra las prospecciones en el Golfo de Valencia
El diputado de Compromís en Les Corts, Juan Ponce, los concejales en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribó y María Pilar Soriano, y el diputado provincial de Castellón, Enric Nomdedeu, han presentado esta mañana en la Delegación del Gobierno miles de alegaciones ciudadanas, recogidas durante las últimas semanas, contra las prospecciones petrolíferas previstas en el Golfo de Valencia.
Según se recuerda desde Compromís en diciembre de 2010, el Gobierno de España autorizó mediante dos reales decretos, 1774/2010 y 1775 /2010, la realización de prospecciones petrolíferas en el área del Golfo de Valencia a las empresas Medoil y Capricornio Spain Limited (CSL). Posteriormente, Medoil cedió sus derechos a favor de Capricornio, a su vez esta última subsidiaria de la empresa Cairn Energy, radicada en Escocia. CSL pretende iniciar las prospecciones sísmicas en octubre de 2014. Estas prospecciones se realizarían a escasos 21,5 k de la costa de Dénia y a una distancia algo mayor de las Islas Columbretes.
En las alegaciones se señala que "está científicamente acreditado que el tipo de prospecciones previstas producen daños irreversibles en la fauna marina. La disminución de las poblaciones de peces, en exploraciones similares en el Mar del Norte, se ha establecido en un 35 % para las poblaciones de peces demersales (especies que viven cerca de los fondos marinos) y más de un 50% para las especies pelágicas. También están acreditadas las afecciones a huevos y larvas, mariscos y cefalópodos (calamares, sepias, pulpos), con las consiguientes disminuciones muy importantes los recursos pesqueros durante largos periodos de tiempo en amplias zonas de Canadá, Argentina y Noruega".
Según denuncia María Pilar Soriano "las empresas impulsoras no han dicho la verdad sobre las verdaderas repercusiones y efectos del proyecto en su totalidad, pues se ha fragmentado el proyecto en tres fases (sondeos acústicos, sondeos de exploración y explotación comercial de los yacimientos, si los hubiera), con el resultado de haber quedado claramente infravaloradas sus gravísimas consecuencias ambientales, y sobre la actividad económica, tanto pesquera como turística que irán en claro detrimento de los recursos económicos y de los empleos que dependen de las mismas".
Por su parte Juan Ponce ha asegurado que "al igual que ocurre con el fracking, en las prospecciones se utilizan compuestos altamente tóxicos, pudiendo incluso utilizarse algunos tan contaminantes como el benceno, tolueno y diversos metales pesados. A su vez, la futura perforación puede liberar estos metales de los estratos muy antiguos de los fondos marinos. Vertidos de hidrocarburos como los producidos en diciembre de 2010, en una plataforma petrolífera de Repsol-YPF enfrente delta del Ebro, pueden acabar en nuestras playas, lo que afectaría a la calidad de las playas y aguas de baño y comportaría la perdida de banderas azules, poniendo en riesgo 200.000 empleos que dependen directamente del turismo en nuestro territorio".
Para Compromís, dada la condición de mar cerrado, con una tasa de renovación lenta, y relativamente pequeña del Mediterráneo, las afecciones que podrían llegar a producirse comprometerían de tal forma, y durante periodos de tiempo tan prolongados, tanto los ecosistemas como la actividad socioeconómica que en ningún análisis realista de los riesgos potenciales entendería como se puede incurrir en la irresponsabilidad de autorizar unas prospecciones que, de producirse un accidente como el de 20 de abril 2010 en una plataforma petrolífera de BP en el Golfo de México, conllevaría la ruina del sector pesquero y turístico y la destrucción de decenas de miles de empleos.
Según Ponce "este tipo de explotaciones sólo sirve para perpetuar un modelo energético caduco, agotado, lesivo para cualquier tipo de vida y profundamente injusto y contaminante, y que debe ser sustituido por otros sistemas de obtención de energías limpias renovables".
Los grupos de Compromís en Les Corts, en el Ayuntamiento de Valencia y la Diputación de Castellón han presentado respectivas iniciativas para exigir que sea emitida una Declaración de Impacto Ambiental Negativa para estas prospecciones.
