CGT denuncia la discriminación de personal funcionario por denunciar irregularidades en la Administración del Consell

En las últimas semanas los medios de comunicación han destapado un nuevo caso de presuntas irregularidades e ilegalidades en la gestión de fondos públicos (de la Unión Europea, de la Generalitat y del Ministerio de Agricultura) destinados al Desarrollo Rural y a Programas Operativos de Organizaciones de Productores, por parte de la Conselleria de Agricultura, que está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción y por la Oficina Antifraude de la Unión Europea.

La CGT exige la depuración inmediata de responsabilidades, porque hay evidencias de graves irregularidades que exigen la adopción de medidas inmediatas.

Entre las irregularidades detectadas destacan las que se refieren a la escasez de personal funcionario para la gestión de las ayudas, que ha sido suplantado por personal de diversas entidades públicas o privadas, como FEVADER, nombrado a dedo, poniendo de manifiesto la política del Consell en cuanto a la función pública, que se repite en casi todas las Consellerias: apartamiento del personal funcionario y su sustitución por personal nombrado a dedo procedente de un sinfín de entidades (empresas públicas, fundaciones, entidades privadas, etc), creando una Administración paralela al servicio de los intereses del partido gobernante.

En este caso, la Conselleria prescinde de una funcionaria de carrera con 25 años de experiencia en la gestión de ayudas públicas, mientras “contrata” a dedo a personas sin cualificación profesional adecuada a través de entidades interpuestas (según informes de auditoría).

La CGT considera que esta forma de actuar es también corrupción, por lo que ha denunciado la creación de esta red clientelar a través de su campaña “Vamos a destapar el saqueo”, y puso en marcha un correo de denuncias de la corrupción, cgtleaks@cgtvalencia.org, que ha tenido una gran acogida y que ha dado resultados muy satisfactorios.

El personal funcionario tiene mucho que decir en la denuncia de la corrupción, y buena prueba de ello es la denuncia de la gestión de las ayudas Ruralter realizada por una funcionaria, que tiene muy claro cuál es el papel del personal funcionario público: defender la legalidad , el interés general del ciudadano y la gestión eficaz del dinero público.

CGT anima al personal funcionario a denunciar la corrupción, así como a dar apoyo y cobertura a las personas que deciden cumplir con su función.

En lo que afecta a la situación de la funcionaria que ha decidido denunciar estas supuestas irregularidades, a quien le fue denegada la comisión de servicios tras plantear reiteradamente sus objeciones sobre la legalidad en la gestión de las ayudas al desarrollo rural en el ejercicio de su función como funcionaria pública, la CGT reiteró el pasado 29 de mayo la solicitud de comisión al Subsecretario de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, advirtiendo de la posible discriminación y arbitrariedad ante la falta de motivación en la denegación de la comisión teniendo en cuenta que a otras personas en las mismas condiciones que la funcionaria sí que se les podría haber concedido una comisión de servicios en las mismas fechas.

Ante la falta de de respuesta por parte de la Subsecretaría, la CGT ha requerido por diversas vías información sobre las comisiones de servicios concedidas en la Conselleria de Agricultura y en todas las Consellerias, con el fin de denunciar la posible discriminación y persecución sufrida por la funcionaria.

La CGT aprovecha para denunciar la utilización indiscriminada de la figura de la comisión de servicios en la Administración del Consell, provocada por la paralización de los concursos de traslados.

La comisión de servicios se ha convertido de facto en la libre designación de los puestos de trabajo cuya forma de provisión es el concurso, dado que la Dirección General de Recursos Humanos lleva años incumpliendo sistemáticamente la legislación de función pública al no convocar los concursos como “forma ordinaria” de provisión de los puestos de trabajo.

La CGT va a perseguir todos aquellos casos en los que la comisión de servicios y la adscripción provisional está sirviendo para premiar a los adeptos o castigar al personal funcionario que resulta “molesto” al político de turno.