Eva Martínez recrimina al Consell que se gaste 1,1 millones en informes jurídicos "que podría realizar la Abogacía"
La portavoz socialista de Grandes Eventos en Les Corts, Eva Martínez, ha planteado hoy en la Comisión de Coordinación de Les Corts “por qué nos gastamos grandes cantidades de dinero en despachos de abogados que se contratan por parte de empresas públicas para la elaboración de informes jurídicos en lugar de encargárselos al servicio público de la Abogacía de la Generalitat”. En este sentido, ha querido aclarar que “no dudamos de la profesionalidad y la preparación” de los abogados que integran este servicio sino que precisamente por sus capacidades profesionales es por lo que no se entiende que se contraten a otros abogados externos, y se prescinda de éstos funcionarios.
En concreto, durante la comparecencia de la secretaría Autonómica de Presidencia, Cristina Macías, que había solicitado el PSPV para que explicara los criterios de actuación y funcionamiento de la Abogacía de la Generalitat, la diputada socialista ha expuesto que son más de 1,1 millones de euros los que se han gastado en asesoramiento jurídicos para empresas públicas, como RTVV o Ciudad de la Luz. Al respecto, sobre esta última, ha explicado que la Abogacía de la Generalitat Valenciana firmó un convenio por el que le ofrecía asesoramiento por 3.600 euros/anuales, que nunca ha sido utilizado al menos para ninguno de los pleitos más importantes, entre ellos el que mantiene con Aguamarga. Por el contrario, según ha resaltado se ha contratado un despacho privado con un coste 300.000 euros.
Por esta razón, le ha preguntado a Macías si Ciudad de la Luz tampoco recurrirá a los servicios públicos para preparar la documentación que tiene que remitir a la Unión Europea para su liquidación y venta. En el caso de RTVV, ha subrayado que tanto para el diagnóstico del ERE, como el informe para ejecutar el plan, el contrato-programa, la representación en juicio se han utilizado servicios privados por un valor de más de 800.000 euros. Sobre Cacsa, le ha preguntado en los mismos términos en cuanto al proceso de privatización, el pliego de condiciones, entre otras cuestiones. Por todo ello, ha insistido en preguntar qué empresas públicas y en qué casos se han utilizado los servicios jurídicos de la Generalitat.
Por todo lo expuesto, le ha recriminado a Macías que “se gasten cientos de miles de euros en abogados externos mientras hay recortes en servicios públicos”. En este sentido, le ha preguntado a la secretaria autonómica, en relación con todos los convenios que hay firmados, “cuantos informes se han pedido por estas empresas públicas” o, es que, según ha manifestado “suscribir esos convenios simplemente es para darle forma de que la Abogacía también puede entrar en esos ámbitos porque no tiene ninguna validez y eficacia ya que de manera reiterada los gestores de estas empresas públicas vienen malgastando el dinero de todos en contratar informes a despachos privados que son menos independientes y menos imparciales y que, probablemente, no se sometan tanto al principio de legalidad”.
Por otra parte, le ha recordado a la responsable del Consell que el reglamento de la Abogacía contempla la contratación de letrados externos para supuestos especiales, a los que podrían acogerse Cacsa, RTVV o Ciudad de la Luz, y que sería más barato contratar abogados en plantilla, que pagar a las grandes firmas de abogados, que además podrían aligerar el trabajo de la Abogacía.
Caso Nóos, caso Cooperación
En esta línea, se ha preguntado cómo es posible preservar la independencia de la Abogacía de la Generalitat con el hecho de que el director de los servicios contenciosos, el director de los servicios consultivos y el director del gabinete de estudios son cargos de libre designación por parte del presidente de la Generalitat. Al respecto, ha puntualizado que el director de los servicios contenciosos es el responsable del informe sobre la personación civil en el caso Nóos, como también tuvo que serlo en el caso Cooperación.
De esta manera, ha preguntado por las diferencias entre los informes emitidos para el caso Nóos y el caso Cooperación, ya que en éste sí se solicita la personación por la vía penal. Así, ha planteado si se trata de “una decisión estrictamente política para defender imputados intocables del caso Nóos”, ya que son graves delitos –tipificados en el Código Penal- en ambos casos delitos contra la administración, por lo que, a su juicio, la Abogacía “debería haber hecho el mismo informe”.
La sorpresa ha llegado cuando la Secretaria Autonómica ha admitido que en el caso Blasco, la Abogacía de la Generalitat Valenciana no informó sobre el tipo de personación, sino que directamente se personó penalmente en el proceso judicial por decisión del Consell.
Por otra parte y en relación a Nóos, ha recordado que en el informe de la Fiscalía Anticorrupción que sostiene que Barberá y Camps “se concertaron para eludir la ley” de contratos públicos “para beneficiar a Nóos”. Por eso, le ha preguntado a Macías si tras ese Informe de la Fiscalía, la Abogacía informaría favorablemente a la personación penal, o es que “son intocables y vamos a tener la vergüenza de seguir viéndoles en estas Cortes”.
