Los sindicatos exigen al Consell que no contrate a mutuas para cubrir las contingencias profesionales de empleados públicos
Los trabajadores emiten un informe desfavorable y avisan de la pérdida de calidad asistencial y de posible discriminación
Los sindicatos UGT, CCOO, CSI·F, FSES, Intersindical y USAE instan a la Generalitat a que no formalice el documento de asociación con ninguna mutua para ocuparse de la cobertura de las contingencias profesionales, tarea que hasta ahora realiza el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Los sindicatos consideran que, de producirse esa migración de servicio, “los trabajadores sufrirán una pérdida de la calidad asistencial”. Por este motivo han emitido un informe desfavorable a la firma.
Los representantes de los empleados públicos entienden que “se trata de un nuevo desvío de fondos públicos, ya recortados, al sector privado”, además de “suponer una pérdida de puestos de trabajo en el sector público sanitario”. De este modo han manifestado su “oposición” a la cobertura por parte de las mutuas en el informe preceptivo solicitado por el presidente del Comité Director del Plan de Control del Absentismo de Personal.
En ese documento exponen que contratar con una mutua la cobertura provincial de contingencias “rompe la unidad e integridad del aseguramiento. Cada una tiene establecidos procedimientos, criterios preventivos y prestaciones propias. Esto podría derivar incluso en discriminación según el destino provincial del trabajador”.
Los sindicatos que han suscrito ese informe desfavorable recuerdan que el presidente del Comité Director no ha aportado los datos necesarios para emitir el informe preceptivo. Destacan que no ha explicado la justificación del cambio de modelo de gestión, el contrato propuesto, el procedimiento de control de gestión del nuevo modelo, las instalaciones con que cuentan las mutuas o las especialidades que van a prestar, entre otros muchos datos.
Los portavoces de los trabajadores de la administración autonómica destacan que la contratación de las mutuas “no beneficia a los empleados públicos. La decisión adoptada se basa en criterios de tipo económico y no en la mejora de la atención sanitaria o reparadora hacia las personas afectadas”.
Al contrario, los sindicatos consideran que, de suscribirse el contrato, “se sufrirá una pérdida de la calidad asistencial”, debido, entre otros factores, “a los desplazamientos por cuenta de los pacientes, en algunos casos a centros periféricos, así como al desconocimiento de las estructuras y recursos que atenderán las contingencias profesionales”.
Lamentan que “la privatización de la gestión supone hacer negocio de las patologías y enfermedades profesionales del personal de la Generalitat”, y exigen la no formalización del documento de asociación con ninguna mutua.
