Ximo Puig reclama a Fabra que presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Real Decreto que penaliza las energías renovables

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha reclamado hoy al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, que presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Real Decreto 9/2013, del Gobierno de España, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistémica eléctrico. De esta manera, ha insistido en que este real decreto es en “una nueva normativa penalizadora” que supondrá “la muerte del sector de la energía fotovoltaica” y un “grave perjuicio para los 50.000 pequeños productores afectados directamente” en la Comunitat Valenciana. Además, Puig ha alertado de que esta medida supondrá la pérdida de 15.000 empleos nuestra autonomía.

Puig ha visitado esta mañana un parque de energía fotovoltaica –más comúnmente conocida como energía solar- en Morella acompañado por el alcalde de la localidad, Rhamsés Ripollés, el portavoz del PSPV en la Comisión de Industria, Francisco Toledo, entre otros. El líder del PSPV ha insistido en que los socialistas valencianos presentarán iniciativas tanto en las Cortes Valencianas como en el Parlamento Europeo porque “están de lado de los miles pequeños inversores valencianos que confiaron en la seguridad jurídica de la normativa del Estado”.

Así se lo trasladó ayer al tesorero nacional de la Asociación Nacional de Productores de energía fotovoltaica (ANPIER), Lluís Calatayud, con el que se reunió junto al eurodiputado valenciano del PSPV, Andrés Perelló. De esta manera, Puig ha anunciado hoy que el Grupo Parlamentario Socialista de Les Corts presentará una proposición no de ley para instar al Consell a que recurra ante el Tribunal Constitucional el citado decreto.

Al respecto, ha señalado que la Comunidad de Murcia ya lo ha hecho –según acuerdo de gobierno del pasado 6 de septiembre- ya que ha considerado que tiene que “defender los intereses de los miles de inversores a los que afectará la nueva regulación” y por “las graves repercusiones económicas que tienen tales medidas sobre los inversores”.

En esta línea, Puig ha explicado que el principal argumento del recurso de la Comunidad de Murcia es “la vulneración del principio de seguridad jurídica” ya que se produce una modificación de la normativa anterior con carácter retroactivo, de manera que “si los afectados hubieran podido preveer estos cambios probablemente ninguno habría invertido en estas tecnologías”, ha apuntado Puig.

Asimismo, el Gobierno de Extremadura ha anunciado que también presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma energética del Gobierno porque, a su juicio, se ha hecho “de manera unilateral, sin consenso y sin transparencia”, y además supone “un ataque a las línea de flotación de la seguridad jurídica de las inversiones realizadas” e introduce medidas que “hipotecarán el desarrollo” de las renovables.

También han manifestado su absoluto rechazo al RD 9/2013 la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) y la Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Energía Renovables de Valencia (Aselec) porque, según sus datos, provocaría la desaparición de 15.000 empleos y dejaría en ‘KO’ técnico a miles de instaladores y mantenedores eléctricos.

Por otra parte, los socialistas valencianos a través del eurodiputado Andrés Perelló también se dirigirán al Parlamento Europeo para formular las preguntas correspondientes respecto a esta normativa española que, según ha apuntado Puig, “lesiona gravemente los intereses de miles de pequeños inversores”. De esta manera, el secretario general del PSPV ha advertido de que “el daño económico” en la Comunitat Valenciana “no sólo afecta a más de 50.000 personas y provoca la muerte del sector sino que además todas las industrias auxiliares serán notablemente perjudicadas”. Por este motivo, la iniciativa se trasladará también a los ayuntamientos.

Castellón
Por otro lado, el líder socialista ha señalado que, además de perjudicar al sector de las energías renovables en toda la Comunitat, “se perjudica especialmente a la provincia de Castellón, en concreto al conjunto del sector de la cerámica”. En este sentido, ha explicado que el sector del azulejo había apostado por la conegeración con inversiones muy importantes que, con este decreto, se convierte “en inviable”. Por ello, ha destacado que este sector padece “un doble perjuicio” ya que al ‘tasazo del gas’ se suma ahora la inviabilidad de la cogeneración, que es un sistema de generar energía de modo respetuoso con el medio ambiente.

En esta línea, ha recordado que la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) expresó su "seria preocupación" por la aprobación de este decreto ante las “graves consecuencias” vinculadas a la cogeneración que tendrá para todo el sector.