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La supuesta estafa de Corporación Dermoestética será instruida por el juzgado de Valencia

    La supuesta estafa de Corporación Dermoestética en la implantación de prótesis mamarias que afecta a 177 personas de las tres provincias valencianas será investigada por el Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia al haber rechazado el Tribunal Supremo su inhibición en favor de la Audiencia Nacional.

    En un auto hecho público hoy, el Supremo establece la competencia del juzgado valenciano para instruir las diligencias abiertas por delitos contra los derechos de los consumidores y estafa, ya que los hechos se circunscriben a una comunidad autónoma y la cantidad defraudada- estimada en 1,2 millones de euros- no afecta a la economía nacional.

    La Fiscalía entendió que la denuncia debía ser investigada por la Audiencia Nacional, ya que el elevado número de afectados, su residencia en diferentes provincias y el perjuicio patrimonial acreditado, hacían prever una instrucción "compleja y dificultosa" que podría dar lugar a "dilaciones indebidas".

    El Juzgado de Instrucción Central número 2, a quien correspondió este asunto por turno, rechazó la inhibición al considerar que esta supuesta estafa no tiene "entidad" ni "significación suficiente" para afectar a la economía nacional.

    El Supremo decide que al ser una estafa que "hasta el momento" no supera los 1,2 millones de euros y al no tener una trama delictiva "compleja", que se desarrolla además "en el ámbito de una comunidad autónoma", procede resolver la cuestión de competencia a favor del Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia.

    Las diligencias fueron abiertas en marzo del pasado año tras una denuncia de la Fiscalía por un supuesto fraude relacionado con implantes de mama en la citada compañía de cirugía plástica.

    La Fiscalía acusa a esta empresa de cobrar a sus pacientes una de las "mejores" prótesis del mercado, y de haberles implantado otras de inferior calidad y precio, apuntaron fuentes de la investigación.

    La denuncia fue presentada contra el presidente del consejo de administración de Corporación Dermoestética, José María Suescun, y la directora general de la sociedad, Asunción Vivancos Matellán.

    Los contratos de cirugía y su financiación fueron gestionados por consultores de la empresa sin cualificación médica, quienes habrían conseguido el consentimiento de las pacientes tras haberles asegurado que las prótesis eran "las mejores del mercado" y "no presentaban complicaciones", indicaron las fuentes.

    No obstante, según la denuncia, a estas pacientes se les implantó mamas de inferior calidad y precio al que habían pagado, las cuales, en algunos casos, les provocaron supuestos daños físicos y psíquicos.

    En un comunicado, Corporación Dermoestética aseguró que "todas las prótesis" utilizadas en las intervenciones quirúrgicas "son de la más alta calidad", y que es el cirujano "el único que decide" el modelo que se implanta en función de las características de las pacientes, "que están informadas en todo momento" al respecto.

    La empresa afirma que estas acusaciones son "totalmente falsas", y asegura que "no existe ningún riesgo para la salud de las pacientes que se hayan realizado una mamoplastia de aumento" en esta compañía.

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