El PSPV y la Plataforma de Afectados por las Ayudas a la Vivienda firman un convenio
La portavoz de Fomento del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Leire Iglesias, señala que “el 97% de las personas que recibieron ayudas de subsidiación en la Comunidad Valenciana van a estar afectadas por la decisión del gobierno
El Secretario General del PSPV-PSOE, Ximo Puig, tras una reunión con la Plataforma de Afectados por los impagos de las ayudas de vivienda en la que ha participado la portavoz de Vivienda del PSPV-PSOE, Mª José Salvador, y la portavoz de Fomento del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, Leire Iglesias, ha manifestado que nos encontramos “en un momento de desmantelamiento de la política de vivienda, tanto en la Comunitat Valenciana como en España” y ha comunicado que “el PSPV y la asociación de afectados vamos a firmar un convenio para, desde nuestra organización, apoyar legalmente a los miles de estafados valencianos por la eliminación de las ayudas VPO y poder reconducir la acción ante el campo judicial”.
Puig ha enumerado las deficiencias de las ayudas a la vivienda en la Comunidad Valenciana y ha indicado que “existe una deuda de 250 millones de euros en ayudas a adquisición la vivienda, 50.000 familias afectadas, un parque público insuficiente y en mal estado y un presupuesto raquítico de menos de 11 millones que al final ni se acaba gastando”. Además, ha criticado que la proposición de ley más importante que han planteado los socialistas en el ámbito de la vivienda “no ha tenido más recorrido porque el gobierno de la Generalitat y la mayoría aplastante en Les Corts decidieron en su momento que no se tramitara, a pesar de ser fundamental”.
“Cuando el PP no gobierna a golpe de Bárcenas, gobierna contra los ciudadanos”
Del mismo modo, la portavoz de Fomento del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, Leire Iglesias, ha señalado que “hemos comprobado que cuando el PP no gobierna a golpe de Bárcenas, gobierna contra los ciudadanos” y ha denunciado que, en este momento, los ciudadanos “notan la asfixia de la acción de un gobierno que está eliminando con carácter retroactivo derechos que habían reconocido todos los gobiernos anteriores”.
La diputada socialista ha indicado que “en materia de vivienda el gobierno ha fracasado” y ha criticado que “cuando hay alternativas en materias de vivienda por otros parlamentos o gobiernos autonómicos, se atreven incluso a recurrir, demostrando que para ellos la vivienda no es más que un mercado, cuando para los ciudadanos es una necesidad. En este sentido, ha destacado que “los socialistas queremos dejar claro que para nosotros la vivienda es una prioridad de uso social y que el acceso a la vivienda sigue siendo una obligación de los poderes públicos, y por eso vamos a mantener la iniciativa legislativa en el congreso y en el parlamento de Valencia para que se puedan aprobar medidas que garanticen el acceso a la vivienda”.
Así, Iglesias ha destacado que “la vivienda de protección oficial ha dejado de ser un derecho en este país, ha desaparecido de los planes de vivienda y los que la tenían reconocida van a perder las ayudas. Esto empuja a los ciudadanos a la insolvencia, a verse privados al derecho a la vivienda y a ser personas desahuciadas. Y esto no es consecuencia de la crisis, es consecuencia directa de las decisiones de este gobierno”. Finalmente, ha subrayado que “existen cerca de 50.000 afectados en la Comunidad Valenciana de los 300.000 que existen en el ámbito nacional y que el 97 % de las personas que recibieron ayudas de subsidiación van a ser directamente afectadas por la decisión del gobierno de España en la tramitación de la ley del alquiler.
Nula política pública de vivienda en la Comunitat
Por su parte, la portavoz socialista de Vivienda en Les Corts, Mª José Salvador, ha destacado “la decepción que hemos sentido por la negativa del PP a debatir la Proposición de Ley sobre función social”, al tiempo que ha incidido en las argumentaciones dadas por los populares, quienes “por un lado han apuntado no estar de acuerdo en imponer medidas sancionadoras a los bancos, que planteábamos para fomentar la apuesta en el alquiler de las viviendas que en este momento tienen en stock y vacías en la Comunitat”, así como “por cuestionar la expropiación que, de manera muy lamentable, el Gobierno de España y Rajoy han decidido recurrir al Tribunal Constitucional, lo que nos aleja de todas las iniciativas encaminadas a garantizar el derecho a una vivienda digna”.
Por otro lado, ha recordado que el “Plan pionero de alquiler social en la Comunitat que Fabra está defendiendo, tan sólo ha adjudicado 44 viviendas tras un año y medio de su entrada en vigor, según la información facilitada por la propia consellera Bonig”. En este sentido, ha contrastado estas 44 viviendas con los 7046 desahucio que, según el informe del Colegio de Registradores de la Propiedad de 2012, hubo en la Comunitat en primera vivienda.
