Compromís reclama al Consell la eliminación de la tasa para hacer reclamaciones a compañías eléctricas
El diputado de Compromís en las Cortes Valencianas, Fran Ferri, ha anunciado la presentación de una proposición no de ley en Les Corts para instar al Consell a impulsar una modificación legislativa para eliminar la tasa impuesta a las reclamaciones de los consumidores hacia el sector energético.
Según ha señalado Ferri "cuando un ciudadano pone una reclamación por no estar de acuerdo en lo que le ha facturado la compañía que le suministra la electricidad debe pagar una tasa específica a la administración valenciana, que solo será devuelta si le dan la razón al ciudadano en la reclamación. Una tasa que en el año 2013 asciende a 25,33 euros y que actúa como una barrera infranqueable para miles de personas que se ven privadas de sus derechos como consumidores ante un sector tan fuerte como el energético que presta un servicio con un impacto tan grande sobre la calidad de vida de las personas".
Desde Compromís se recuerda que el Síndic de Greuges ha recibido muchas quejas de personas afectadas por esta tasa y ha instado a la modificación de la legislación para eliminar una tasa discriminatoria y que disuade de ejercer un derecho reconocido en la Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía.
Asimismo asociaciones de consumidores como FACUA también han denunciado en varias ocasiones las barreras a las que deben hacer frente las personas consumidoras a la hora de hacer valer los derechos que les reconoce la legislación vigente. De esta manera el derecho a ejercer una reclamación ante un posible abuso de una compañía, se ve reducido en la práctica a unos casos concretos de personas que pueden superar las barreras impuestas de manera injusta por la administración.
"Es por ello -ha añadido Ferri- que reclamamos la eliminación de esta injusta tasa ya que no protege al consumidor sino que supone una manera de disuasión para no ejercer los derechos que posee".
Asimismo Compromís en su propuesta insta al gobierno valenciano a promover una mejor inspección y supervisión de las instalaciones energéticas como manera de reducir las reclamaciones sin vulnerar los derechos de consumidores y consumidoras.
