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El Consell destina 119.000 euros a víctimas de actos terroristas

    El Consell ha aprobado conceder un total de 119.070 euros en concepto de indemnizaciones por daños físicos y psíquicos y por situación de dependencia a seis víctimas de actos terroristas.

    Concretamente, se otorgan 115.762 euros de indemnización a cinco víctimas de terrorismo por daños físicos o psíquicos y 3.312 euros a otra víctima de terrorismo por situación de dependencia.

    Estas ayudas se enmarcan dentro de la Ley 3/2009, por la que se establecen las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos, reparación de daños materiales, situación de dependencia, así como subvenciones, acciones asistenciales y otras actuaciones de la Generalitat.

    A través de estas ayudas, el Consell muestra su apoyo y respaldo hacia las víctimas del terrorismo, y busca contribuir a su integración en la sociedad y a su recuperación, consciente de la dificultad de superar desgracias tan lamentables fruto de la violencia de las actuaciones terroristas.

    Mediante esta ley, se conceden indemnizaciones a tanto a víctimas de actos terroristas perpetrados en la Comunitat Valenciana como a sus familiares más allegados, personas con relación de afectividad análoga a la conyugal u otras personas que conviven de forma estable con la víctima y dependen de la misma.

    Asimismo, la Ley también contempla indemnizaciones en el caso de que la víctima ostente la condición de valenciano y sufra un acto terrorista en cualquier otro lugar del territorio español o en el extranjero, siempre que e no hubiese percibido ayudas por el mismo concepto de la comunidad autónoma donde se hubiera perpetrado.

    176 beneficiarios desde 2006
    La Generalitat ha concedido, desde 2006 y hasta el momento, indemnizaciones a favor de 176 beneficiarios, incluidos los aprobados en esta ocasión, por un importe que asciende a un total de 4.161.891 euros.

    La Comunitat fue pionera a la hora de desarrollar en su ámbito de competencias una Ley de Ayuda a Víctimas del Terrorismo, y también al ampliar, a través del Reglamento aprobado en julio de 2010, las ayudas a ámbitos como la vivienda, en materia de enseñanza y situación de dependencia.

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