elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

El TSJ inicia un procedimiento judicial por la ocultación a Compromís de encuestas encargadas por el Consell

    El grupo parlamentario Compromís presentó el pasado 10 de febrero un recurso contenciones administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el que denunció que el Consell se niega a facilitar los resultados de los barómetros de opinión que realiza la Generalitat.

    Compromís considera que la denegación de documentación por parte del gobierno valenciano vulnera el derecho a la obtención de información de los diputados amparado por los derechos fundamentales consagrados en el artículo 23 de la Constitución Española.

    Este recurso se presentó después de que, en el mes de noviembre de 2012 el diputado de Compromís, Fran Ferri, registrara en Las Cortes Valencianas una serie de peticiones de documentación, que no fueron satisfechas, para tener acceso a los informes de resultados de todos los estudios de opinión pública sobre la acción del Consell realizados durante ese año. El gobierno del PP se negó a facilitar esa documentación con la excusa de que esas encuestas tienen "carácter instrumental para la elaboración de informes internos de la administración".

    Compromís ha recibido el Auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV en el que el juez establece que después de recibir por parte del Consell el expediente administrativo que le había reclamado y "no apreciándose en este momento procesal circunstancias que motiven la inadmisión del procedimiento, procede su continuación".

    De esta manera el auto establece un plazo de 8 días para que Compromís formalice su demanda, lo que este grupo parlamentario efectuará en los próximos días.

    Precisamente hoy ha sido publicado en el BOE la formalización del contrato entre el gobierno valenciano y una empresa especializada en demoscopia para hacer cuatro encuestas de opinión trimestrales a los ciudadanos valencianos por un coste de 119.790 euros. Unas nuevas encuestas que si la justicia no pone remedio serán ocultadas a la ciudadanía.

    Según ha señalado Ferri "las encuestas realizadas con dinero público no son propiedad del Consell, para que puedan utilizarlas según los intereses del PP, sino que pertenecen a la ciudadanía que las paga con sus impuestos".

    "Seguramente, el Consell no quiere darnos acceso a los resultados de las encuestas que realiza porque confirman que la ciudadanía se opone a la gestión de Alberto Fabra y el PP".

    "No podemos consentir -ha añadido Ferri- este uso fraudulento del dinero público por parte del PP, así como la falta de transparencia que caracteriza la acción del Consell presidido por Alberto Fabra, por eso hemos recurrido a la justicia a fin de que subsane esta situación".

    Subir