El PP asegura que la Ley de Costas ha mejorado aspectos sustanciales en su paso por el Senado

El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Vicente Aparici, ha asegurado que el Proyecto de Ley de Costas, que “ha sido mejorado sustancialmente por el Senado”, supone una “regulación completa de los efectos del cambio climático sobre la costa, un reforzamiento de la prohibición de nuevas construcciones”; y “se preocupa de manera importante de la protección medioambiental del litoral, mejorando mucho la Ley de Costas de 1988 en este aspecto”.

A lo largo del debate, el portavoz popular ha remarcado que, con este nuevo texto, se incorpora una “regulación innovadora” que dota a la Administración de instrumentos potentes para desarrollar una política estratégica, frente a los efectos del cambio climático sobre la costa, de acuerdo con criterios científicos asumidos.

Así, ha explicado que se establece la posibilidad de declarar tramos de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) en situación de regresión grave y se establecen las medidas adecuadas para la protección, y en su caso, adaptación del DPMT. Igualmente, afirma que la Ley prevé la suspensión por parte del Gobierno de las actuaciones urbanísticas ilegales en la costa, “para evitar que se vuelvan a dar situaciones como la de El Algarrobico”; y se diferencian los tramos urbanos de las playas de los tramos naturales, incrementando la protección de estos últimos.

El portavoz de Medio Ambiente ha precisado que la regulación de la servidumbre de protección en núcleos costeros anteriores a 1988, “impide cualquier nueva construcción en las áreas consolidadas, a diferencia de la enmienda que proponía el PSOE, que sí permitía nuevas construcciones”.

Igualmente, Vicente Aparici ha explicado que esta nueva Ley “prohíbe que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes en dominio público y zona protegida supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie”, y se exige la eficiencia energética y de ahorro de agua en las obras que se autoriza realizar en los edificios en la costa.

Ha señalado también que el proyecto evita la acentuada degradación de las edificaciones “legales” existentes en la ZSP al permitir obras de mejora, con las limitaciones expuestas.

INCREMENTO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA
En este apartado, el senador popular ha reseñado el importante incremento de la seguridad jurídica que ofrece este nuevo texto Legislativo. Así, ha afirmado que se establece una delimitación del DPMT basada en criterios técnicos, que se fijarán reglamentariamente; con lo que se evitarán deslindes diferentes según los territorios y la época, como se ha producido con anterioridad.

Del mismo modo, ha recordado que se garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos, ya que se trata de que ningún ciudadano pueda adquirir nunca más una vivienda u otro bien en la costa, y descubrir después que no le pertenece porque es DPMT. Para ello, se obliga a inscribir los bienes de DPMT en el Registro de la Propiedad, y se asegura esta información a los interesados en caso de que se inicie un nuevo deslinde, ha apostillado.

Además, Aparici ha resaltado que se ofrecerá información gratuita a todos los ciudadanos vía Internet sobre las líneas de deslinde y se clarifica la situación de las urbanizaciones marítimo-terrestres, conciliando el carácter público de los canales y el acceso a los mismos, con las garantías de los propietarios de viviendas.

PROTECCIÓN DE LA COSTA
Vicente Aparici ha puesto de manifiesto también que el Proyecto de Ley “concilia acertadamente la protección de la costa con las actividades productivas respetuosas con el medio ambiente”.

Así, ha explicado que prorroga las concesiones por un plazo de hasta 75 años, ya que “muchas estaban avocadas a su inminente desaparición, con la consiguiente destrucción de empleo”, aunque no es una prórroga automática, sino sólo respecto de aquellas actividades en las que se acredite su sostenibilidad ambiental.

Igualmente, Aparici ha explicado que aumenta el plazo máximo de las nuevas concesiones hasta 75 años y de las autorizaciones a 4 años, se permite la transmisión de los derechos, mortis causa e inter vivos, y se protegen los bienes declarados de interés cultural para evitar su demolición.

RESUELVE PROBLEMAS DEJADOS POR EL ANTERIOR GOBIERNO
En este punto, el senador del PP por Castellón ha querido dejar claro que “este nuevo texto resuelve problemas históricos que anteriores gobiernos dejaron agravar”. Así, ha puntualizado que la Ley mejora la situación jurídica de quienes se vieron despojados de sus bienes inscritos con la Ley de 1988, los titulares de bienes inscritos en el Registro de la propiedad tendrán derecho a concesión (30 años) y a prórroga de 75 años.

También da “una solución razonable y justa” a los titulares de viviendas en núcleos ya consolidados y anteriores a 1988, al excluir dichos núcleos del DPMT, por ser innecesarios en la actualidad para proteger la costa y no existir valores ambientales que conservar y permitirles acceder a la propiedad de las mismas.

Para finalizar, Aparici ha puntualizado que con esta nueva legislación se evita el “efecto 2018” y la consiguiente demolición de viviendas (más de 1000) e industrias legalmente situadas en DPMT.