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CSI•F alerta de que la reforma de la Administración Local pone en peligro más de 10.000 empleos públicos en la Comunitat

  • Con esta reforma podrían desaparecer servicios de bienestar social y educación que venían prestando los ayuntamientos

El sindicato CSI·F ha estimado que el anteproyecto de la reforma de la Administración Local que quiere imponer el Gobierno pondrá en riesgo más 10.000 puestos de trabajo públicos en la Comunitat Valenciana, la mayoría de ellos personal laboral e interinos de los ayuntamientos. El sindicato reclama al estado que garantice la estabilidad de los empleados públicos y la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Para ello, exige que se aclaren las competencias sin que afecte a servicios ni empleos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) explica que la reforma que pretende imponer el Gobierno está planteada para racionalizar el gasto y la eliminación de duplicidades entre administraciones. Pero la realidad es que en la actualidad los ayuntamientos están prestando servicios sociales que no les competen y que garantizan el bienestar de los ciudadanos.

CSI-F considera preciso delimitar el papel de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos en la prestación de los servicios a los ciudadanos. La central sindical entiende que el Gobierno debe acotar con claridad meridiana qué servicios públicos deben prestar las administraciones directamente a través de los empleados públicos y cuáles a través de otras formas de gestión. Es decir, qué servicios deben prestar a los ciudadanos las Administraciones Públicas.

El sindicato reclama que los servicios directos como la formación para el empleo, la casa de la cultura, asesoramiento a la juventud, a vivienda o atenciones y recursos para la tercera edad, sean trasferidos a la administración que pertenezca sin perjudicar servicios ni eliminar puestos de trabajo.

El sindicato manifiesta que entre las posibles consecuencias de esta ley destacan la privatización de servicios, la amortización de plazas, la disminución de jornadas laborales de empleados públicos, eliminación o en su defecto reducción de prestaciones sociales, y la eliminación de empleos públicos. Todo ello, con carácter impositivo y sin el consenso ni la negociación con los representantes de los trabajadores en una legislación que afectará a medio millón de empleados públicos en toda España.

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