Compromís reclama la retirada de subvenciones a la Iglesia católica por no eliminar los símbolos franquistas de sus edificios
El grupo parlamentario Compromís ha anunciado la presentación de una proposición no de ley en Les Corts Valencianes para reclamar al Consell a que inste al Gobierno Central a requerir a los titulares de edificios religiosos que contengan cualquier elemento conmemorativo "de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura" a su retirada inmediata, otorgando un plazo de seis meses para su ejecución, que caso de incumplirse tendrá como consecuencia que se interponga la acción legal para obligar a su retirada y se quiten todas las subvenciones y ayudas públicas a la confesión religiosa que incumpla, al amparo del artículo 15 de la ley de la Memoria Histórica de 2007.
Según ha señalado la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, "esta propuesta viene motivada porque entendemos que la Iglesia católica no puede estar al margen de la legalidad y debe cumplir con las leyes, que sí respetan las demás instituciones. La ley de la Memoria Histórica dice claramente que no puede haber símbolos que hagan exaltación o referencia a la sublevación militar del año 36, en la Guerra Civil o la represión de la dictadura, pero hay muchas parroquias y edificios de la iglesia que siguen teniendo en sus fachadas o dentro del templo elementos de exaltación franquista".
Para Compromís hay demasiados ámbitos donde la Iglesia tiene un trato especial y de impunidad. La ley de la Memoria Histórica está aprobada y en vigor y la Iglesia católica también tiene la obligación de cumplirla. Esta ley establece que quien no cumpla con la retirada de esos símbolos podrá ser sancionado con la retirada de ayudas públicas y es por ello que se presenta esta propuesta para que las sanciones por el incumplimiento sean efectivas después de que la administración dé seis meses de plazo para adaptar los edificios. Las subvenciones volverían a ser otorgadas una vez el edificio cumpliera con la legalidad.
"No puede ser que la jerarquía católica mantenga a la Iglesia al margen de la ley, no pagan el IBI, no cumplen con la ley de protección de datos y tampoco la de la memoria histórica y esto no puede suceder sin ninguna consecuencia. No podemos permitir que la jerarquía católica tenga bula papal para saltarse las leyes a la torera ", concluyó Oltra.
