LA UNIÓ señala que la subida de tasas judiciales provocará que los agricultores afectados por impagos desistan de acudir a la justicia
Un nuevo golpe a las economías familiares de los agricultores y ganaderos valencianos
LA UNIÓ de Llauradors denuncia que la subida de las tasas judiciales, que ayer fue publicada en el BOE y cuya aplicación se retrasará unas semanas ante la falta de impresos, provocará que los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana desistan de emprender acciones judiciales en caso de impago en la venta de sus cosechas o su ganado y beneficiará directamente a aquellas personas o empresas que dejen de pagar las mismas.
Con la espectacular alza de las tasas judiciales muchos agricultores y ganaderos se lo van a pensar mucho a la hora ir a los tribunales pues en algunos casos no les va a compensar. A juicio de LA UNIÓ se crea así una justicia de dos categorías, los que podrán y los que no podrán pagarla.
En los casos más comunes de impagos de cosechas se beneficia claramente a la empresa que rompa unilateralmente lo pactado entre ambas partes, ya que en muchos casos el agricultor desistirá de iniciar acciones legales para defender sus legítimos derechos por el coste elevado del proceso, que se une a la pérdida de los ingresos como consecuencia del impago.
También se podrá dar el caso de empresas que paguen la cosecha mediante pagaré u otra forma de pago similar y que el agricultor a la hora de ir a cobrar compruebe que no hay fondos. La reclamación judicial, en este caso, también va a suponer el pago de un tasa que si la cantidad de cosecha a cobrar es poca, no le va a compensar.
La nueva ley de tasas judiciales contempla incrementos de entre 50 y 750 euros según del asunto que se trate. Los ciudadanos deberán pagar por primera vez la tasa en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros (sube 600 euros de golpe) si quieren recurrir en la casación ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa. En la fase de apelación se deberá pagar 800 euros en ambos órdenes.
Lo Social contempla un coste de 500 euros en suplicación y de 750 en casación ante el Supremo. El Congreso modificó levemente el proyecto original al eximir a los trabajadores del pago del 60 por ciento de la tasa prevista en los recursos de suplicación y casación en lo Social. Además, se liberó del pago de la tasa a los procedimientos verbales o monitorios cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 2.000 euros. Un procedimiento abreviado costará 200 euros y uno ordinario llegará a 350 euros en lo Contencioso. En el orden jurisdiccional Civil, la tasa es de 150 euros para un procedimiento verbal y cambiario, 300 euros para un proceso ordinario, 100 euros en un monitorio europeo y una demanda incidental en el proceso concursal, y 200 euros en un concurso necesario.
