El PSPV pide un informe trimestral de las deudas y compromisos de pago del Consell
El PSPV-PSOE ha presentado dos Proposiciones No de Ley en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts para solicitar al Consell la publicación de un informe trimestral en el que se recoja tanto la evolución del endeudamiento financiero de la Comunitat, incluyendo un detallado escenario de los compromisos de pago con cargo a ejercicios futuros que se derivan del mismo, como las deudas que existan con proveedores, tanto de la Generalitat como del conjunto de organismos que dependen de ella, incluyendo en la misma todos los datos relativos a las obligaciones de pago que hayan sido periodificadas o que no se hayan recogido como gasto en la contabilidad presupuestaria.
De esta manera, el grupo socialista pretende evitar el elevado grado de desconfianza que puede generar el reconocimiento de que una parte muy relevante de las deudas no se encuentra reconocida en la contabilidad prespuestaria, por lo que instan al Consell a adoptar medidas que permitan mejorar la transparencia en cuanto a la publicación de las deudas comerciales con los acreedores.
En este sentido, el portavoz de Economía y Presupuestos socialista en Les Corts, Julián López, ha puesto en cuestión las cifras de gasto y el déficit de los últimos tres años, ya que “estaban quedando centenares de millones de euros en facturas sin contabilizar”. López ha hecho referencia al pasado mes de abril, cuando coincidiendo con la puesta en marcha del llamado ‘Plan de pago a Proveedores’, “aparecieron más de 1800 millones de euros en facturas no contabilizadas en ninguna parte correspondientes al período que va desde 2009 a 2011”. Además, y tal como ha remarcado, “estas facturas ni siquiera estaban contabilizadas, como es perceptivo, en la cuenta 409, ‘Acreedores pendientes de aplicar al presupuesto’”.
Por este motivo, López ha hecho hincapié en que “la falta de registro en esta cuenta no es una cuestión técnica, ni mucho menos un tema anecdótico”, ya que al no estar contabilizadas las facturas ni los gastos asociados en esas obligaciones de pago “tanto las cifras de gasto como de déficit correspondientes a los últimos tres años han quedado en cuestión”. Así mismo, ha apuntado el diputado socialista, “ni siquiera podemos fiarnos de las cifras que se han ofrecido en términos de contabilidad nacional”, remarcando que “mientras se decía, en 2009 y 2010 que se estaban consiguiendo no se qué ahorros de gasto y no se qué frutos de los planes de austeridad, estaban quedando centenares de millones de euros en facturas sin contabilizar”.
Por eso, López ha preguntado “cuánto habría crecido el gasto no financiero en esos años si se hubieran incluido las facturas que no estaban contabilizadas como pendientes, y cuál habría sido el déficit resultante”. Estos hechos han llevado al diputado socialista a preguntarse “si los 558 y 230 millones de euros que se dijo que se había rebajado el gasto en 2010 y 2011 y que se vendieron a bombo y platillo como el resultado de la política de austeridad, no esconden en realidad nuevos crecimientos de gasto, fruto de una política de escaparate que prefirió recurrir al victimismo antes que dejar de gastar en lo menos necesario cuando ya estaba clara la profundidad de la crisis que vivíamos”.
Del mismo modo, desde el grupo socialista se ha instado al Interventor General de la Administración, y ahora también Secretario Autonómico, presente en esta comisión, a que aclare “quiénes son los responsables de que más de 1800 millones de euros se quedaran sin registrar en la contabilidad”. En este sentido, López ha apuntado que “no basta con asumir los errores o buscar soluciones, sino que hay que saber quiénes son los culpables. Vivimos tiempos muy difíciles y no podemos consentir que muchos ciudadanos asistan atónitos a episodios lamentables, relacionados con la gestión de los recursos, es decir, con los recursos de todos”.
Finalmente, López también ha instado al Consell a responder “cuál es el plazo medio que transcurre desde el momento en que un acreedor presenta un documento acreditativo de un derecho de cobro ante la Administración autonómica, hasta el momento en que dicho derecho de cobro es reconocido como obligación de pago”, así como “cuál es la demora media que se produce entre el momento en que se reconoce esa obligación de pago y el momento en que se efectúa el pago de la misma”. El diputado socialista ha preguntado “qué criterios se siguen, en líneas generales, para efectuar los pago”.
