LA UNIÓ reclama medidas urgentes para los ganaderos de vacuno de leche de la Comunitat Valenciana sumidos en una grave crisis

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders demanda soluciones urgentes para los ganaderos valencianos de vacuno de leche que se encuentran inmersos en una profunda crisis debido a la falta de rentabilidad de sus explotaciones por el desplome de los precios en origen y el aumento de los costes, fundamentalmente de la alimentación animal.

En el conjunto del estado español se ha reducido el número de explotaciones de vacuno de leche un 24% en apenas cinco años. En la Comunitat Valenciana existen en estos momentos alrededor de 40 explotaciones lecheras de vacuno, todas ellas altamente modernizadas.

El precio medio aproximado que las industrias lácteas abonan de forma unilateral, y a mes vencido, a los productores por la leche originaria de sus granjas es de alrededor de 0,34 €/l, uno de los más bajos de la Unión Europea. Mientras esto sucede los costes de producción se sitúan en estos momentos en torno a 0,41 €/l, con una clara tendencia al alza por la espiral de incremento del precio de las materias primas básicas para la alimentación animal. No se debe olvidar que este concepto supone aproximadamente un 70% del coste total de producción.

En cuanto a la fijación del precio que deben percibir los ganaderos por la producción láctea de sus explotaciones, podría corregirse si existiese un marco estable de relaciones contractuales entre la producción y la transformación, siempre que ambas partes actuasen en igualdad de condiciones, lo que no ocurre en la actualidad. Mucho nos tememos que tampoco se consiga con la aplicación del Real Decreto1363/2012 que desarrolla las medidas del denominado “paquete lácteo” y que establece a partir del pasado tres de octubre la obligatoriedad del contrato lácteo. El contenido de esta normativa puede ser un instrumento válido para el sector, siempre que haya un equilibrio entre las partes actuantes.

A todo lo anterior, hay que sumar la política que están desarrollando las potentes empresas de la distribución -participadas principalmente por capital francés y alemán- basada, por un lado, en abonar precios razonables a los ganaderos originarios de tales países y por otro, en desplazar la producción láctea excedentaria de los referidos países al mercado español a un precio inferior al coste de su producción, con el consiguiente hundimiento del precio en origen de la producción láctea española. También traen leche concentrada de esos países y tras rehidratarla se vende a precios más bajos como reclamo, utilizan así una práctica comercial no permitida que consiste en la utilización de la producción excedentaria foránea como gancho, lo que se conoce como venta a pérdida.

El objetivo final de la distribución podría ser la eliminación del sector lácteo en España y pasar a controlar, de forma íntegra, el mercado de la leche aquí. LA UNIÓ solicita a las distintas Administraciones que adopten cuantas decisiones políticas e institucionales resulten necesarias para evitar lo anterior.

Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, indica que “el abuso y la especulación, tanto de la industria láctea como la distribución, están poniendo en jaque mate al sector vacuno de leche, cuando los ganaderos han realizado un importante esfuerzo para conseguir un alto grado de profesionalización”.

MEDIDAS QUE PROPONE LA UNIÓ

1. Propiciar el equilibrio e igualdad de los distintos eslabones que actúan en la cadena alimentaria, con la finalidad de corregir la actual situación de debilidad de la parte productora y la situación de dominio que vienen practicando los eslabones finales de la cadena alimentaria. En definitiva, corregir el fuerte desequilibrio en el poder de negociación de los productores a favor de otros eslabones de la cadena láctea.

2. Conseguido lo del punto anterior, establecer un precio rentable para la leche de vaca, que puede ser revisable en función de los costes reales de la producción en cada momento; a la vez que al resto de los eslabones de la cadena se le podría otorgar su margen comercial correspondiente para poner el producto final en los lineales a un precio asumible por los consumidores.

3. Exigir al Ministro de Agricultura el cumplimiento del compromiso adquirido consistente en la puesta en marcha de ayudas directas para el sector productor, en cantidades muy superiores a las concedidas durante el año 2009.

4. Estudiar la puesta en marcha de medidas que permitan disponer, de forma inmediata, de liquidez a las explotaciones ganaderas: Ajustar la fiscalidad del sector lácteo a la rentabilidad real del mismo; condonación de gastos sociales e impuestos (cuotas Seguridad Social, IBI, etc.); incrementar el IVA compensatorio, al menos, al establecido para actividades agrícolas, 12.5%.

5. Perseguir y sancionar las prácticas comerciales que no valorizan la producción láctea, como utilizar la leche y/o los productos lácteos como “reclamo” o poner en los lineales “venta de leche a pérdidas”.

6. Estudiar la posibilidad de establecer un período transitorio razonable para la aplicación de la obligatoriedad del contrato lácteo, es decir, que la misma no sea aplicable, según el Real Decreto, a partir del día 3 de octubre de 2012.

7. En sintonía con lo indicado en el punto anterior, analizar la posibilidad de modificar el Art. 60º, 2. d) del Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre aplicación a partir de 2012 de los pagos directos a la agricultura y ganadería, que vincula la percepción de las ayudas específicas (Art. 68º) a tener suscrito y en vigor para el año correspondiente un contrato de suministro de leche de vaca.

8. Establecimiento de mecanismos que, al menos, intenten evitar la volatilidad del precio de las materias primas básicas para la alimentación animal.

9. Apostar, de forma decidida, en el proceso negociador de la Reforma de la PAC más allá de 2013, por el mantenimiento del sistema de cuotas lácteas, como instrumento de control de la producción.

10. Exigir en la Reforma de la PAC que se contemple, de forma específica, el sector ganadero a efectos de ser asignatarios de derechos de ayudas mediante el régimen de pago básico.

11. La facturación tiene que ser emitida por la propia explotación, es decir por el propio productor, y no por la industria de recogida.