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Salvador denuncia que la Generalitat debe 250 millones de euros en concepto de ayudas a la vivienda, que afecta a 30.000 personas

    La portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario socialista en Les Corts, María José Salvador, denuncia que la Generalitat adeuda alrededor de 250 millones de euros en concepto de ayudas a la vivienda entre los años 2007-2011. En este sentido, ha asegurado que “unas 30.000 personas no han cobrado las ayudas reconocidas por la Conselleria de Vivienda y que en su día fueron aprobadas bajo los conceptos de ayuda al alquiler, adquisición de vivienda de nueva construcción y de vivienda usada”.

    Según ha explicado la diputada socialista, estas cifras han sido facilitadas por la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, como respuesta a la batería de preguntas presentada por el Grupo Parlamentario socialista que exigía conocer el número de resoluciones aprobadas por la Generalitat desde 2007 a 2011, en los conceptos citados, así como por las cantidades abonadas.

    De 2007 a 2011 la Generalitat reconoce haber pagado 136 millones de euros en concepto de ayudas alquiler-inquilino, ayudas por adquisición vivienda nueva y usada, mientras que no responde al pago de las prorrogas de ayuda vivienda a inquilinos. El Consell econoce tan sólo el pago de 136 millones de euros de los aproximadamente 386 millones de euros, en total, que debía haber abonado a las personas que tienen reconocidas la resolución de ayuda en el periodo indicado.

    Así, Salvador ha lamentado “la falta de iniciativa de la Conselleria para aplicar medidas en su ámbito competencial para impulsar y promover políticas públicas de vivienda en el marco del Estatut d’Autonomia”. “Ahora más que nunca hay que preservar el Estado de Bienestar con más educación, sanidad, dependencia, y políticas de vivienda, por el contrario”, ha denunciado Salvador, “las políticas del Consell del PP se centran en disminuir el presupuesto de vivienda, liquidar el IVVSA, recortar las ayudas a la vivienda o destinar siete millones de euros para pagar los despidos de los trabajadores del IVVSA”.

    Salvador ha explicado que “entre 2007 y 2011 la Generalitat ha reconocido haber pagado 136 millones de euros de los aproximadamente 386 del total que debía haberse abonado a las personas que tienen reconocidas estas ayudas en el periodo indicado”.

    Para la diputada socialista, la política en materia de vivienda pública que está llevando a cabo el PP “es una absoluta bancarrota”, sobre todo porque, tal como ha recordado, “quienes reciben estas ayudas es porque tienen bajo nivel de renta, así que si dejan de percibir estos ingresos sus expectativas de presente y futuro se verán truncadas, quedando en una situación de abandono en la que es imposible que tengan garantizado el acceso a una vivienda, lo que supone una auténtica irresponsabilidad por parte de la Generalitat”. “La vivienda es un derecho, un bien prioritario, y no un lujo. Por eso, no se puede hacer negocio ni mercadear con un derecho social de primer orden”, ha finalizado.

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