LA UNIÓ denuncia un descenso de precios en origen del 50% en la patata de temporada por la oferta masiva de patata francesa antigua en las tiendas
LA UNIÓ denuncia el descenso de precios en origen de la patata de temporada del 50% respecto a los percibidos el año pasado, que ya fueron desastrosos, a causa de la oferta masiva de patatas viejas francesas que comercializa la gran distribución en vez de apostar por el producto local.La campaña de la patata de este año, con la temprana, se inició a principios de mayo. Esta patata acostumbra a ser muy apreciada por el mercado, ya que al ser la primera de la temporada tiene mucha más calidad que otras patatas del resto de España o del mundo.
La sorpresa de este año es, según Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, “que esta patata temprana de gran calidad se está pagando en origen a unos precios hasta un 50% más bajos que los del año 2011. Mientras que el año pasado el precio percibido por el productor fue de 0,18 €/kilo, este año está percibiendo 0,9 €/kilo, un 50% menos. Además, LA UNIÓ recuerda que el coste de producción oscila entre los 0,12 y los 0,19 €/kilo, según datos del Ministerio de Agricultura correspondientes a 2009.
La patata vieja francesa lleva ya unos cuantos meses en cámaras de conservación y no tiene la misma calidad ni la frescura ni los valores de nutrición de nuestra patata nueva que se acaba de recolectar. La patata vieja, además, tiene una duración corta una vez se saca de la cámara de conservación, hecho que no pasa con la patata nueva, que puede aguantar varias semanas en buenas condiciones una vez se recoge.
Aun así, la gran distribución prefiere comercializar la patata vieja francesa, que compra entre 0,06 y 0,10 €/kilo ya envasada para convertirla así en un producto de reclamo. Además, la distribución la lava para darle aspecto de nueva y la etiqueta como patata de “conservación”, término ambiguo que crea confusión en el consumidor y fomenta la banalización de la patata de temporada.
Esto supone, según LA UNIÓ, “un fraude al consumidor y si la administración permite estas prácticas abusivas en nuestro mercado, con qué fuerza legal podrán exigir a las autoridades de terceros países que velen por nuestros productos en los supermercados”.
