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Muzzati (UPyD): "El informe del Síndic certifica que es insostenible el actual modelo municipal"

    Unión Progreso y Democracia en la Comunitat Valenciana denuncia la “inmensa irresponsabilidad” de la mayoría de gobiernos locales valencianos certificado por el informe de la Cuenta General de las Entidades Locales correspondiente a 2010, entregado ayer por la Sindicatura de Comptes a Les Corts.

    El coordinador territorial de UPyD en la Comunitat Valenciana, Romain Muzzati, afirma que “las administraciones locales han vivido estos años muy por encima de sus posibilidades, y es momento de tomar decisiones estructurales para poder mantener los servicios al ciudadano. Que 171 ayuntamientos de nuestra Comunitat cerraran el ejercicio 2010 con un remanente de tesorería negativo es una inmensa irresponsabilidad política difícil de explicar al ciudadano”. Muzzati añade “que ayuntamientos importantes, como Crevillent, Gandia, Mislata, Orihuela, Sueca o Torrent no estén incluidos en el informe por no haber entregado sus cuentas a tiempo, es una burla que no debe ser consentida, por lo que apoyamos la propuesta de la Sindicatura, que solicita a la Generalitat que haga uso de la ley para no conceder subvenciones y ayudas a quien no haya rendido las cuentas”.

    UPyD propone fusionar las entidades locales de menos de 5.000 habitantes, unas 384 en la Comunitat. Por ello, en el marco de las políticas de austeridad y ahorro que está llevando a cabo la Generalitat, la formación magenta insta al Consell a que aglutine las tareas y servicios del 71% de los consistorios valencianos.

    Si los 384 municipios con menos vecinos y las áreas metropolitanas de Castellón, Valencia y Alicante profundizaran en la gestión compartida de servicios podríamos evitar duplicidades, abaratar costes, renegociar a la baja contratos con proveedores y compartir inmuebles, además de aprovechar los conocimientos y la experiencia de los trabajadores cualificados. Todo ello, para mantener los servicios básicos al ciudadano.

    La formación magenta insiste en que no está proponiendo una eliminación o anexión de pueblos y sí una reorganización de la estructura local a nivel nacional, y recuerda que España es uno de los pocos miembros de la Unión Europea que no ha agrupado ayuntamientos ni ha reducido el número de municipios.

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