UPyD propone eliminar los privilegios en las pensiones de diputados y senadores
Muzzati: “Tenemos exparlamentarios cobrando 2.300 euros de pensión, pero Rajoy insinúa que al resto de los españoles no nos bastará con trabajar hasta los 67 años”
Unión Progreso y Democracia de la Comunitat Valenciana propone eliminar toda clase de privilegios en las pensiones a los diputados nacionales y autonómicos así como a los senadores. El partido pone como ejemplo de situaciones ventajosas para sus señorías que a día de hoy, 31 exdiputados del Congreso tienen una pensión de 2.813,87 euros como consecuencia de su actividad parlamentaria. Además, siete exdiputados cobran 2.301,79 euros mensuales, es decir, cuatro veces el salario mínimo interprofesional (641,40 euros) y más del doble que la pensión media de jubilación en España (917,53 euros en 2011). UPyD también recuerda que 34 exparlamentarios disfrutan de un complemento de ingresos que, para 18 de ellos, supera los mil euros mensuales.
El Área de Análisis y Documentación del partido constata que, actualmente, un exdiputado está cobrando, durante 21 meses, 2.813,87 euros de indemnización por cese mientras que 83 exsenadores ingresan 2.813,91 euros al mes, también por el mismo concepto. El reglamento de las cámaras establece que los exparlamentarios cobrarán al mes el equivalente al sueldo base por un periodo máximo de 24 meses, según los años que sus señorías han ocupado un escaño. “Tenemos a siete exparlamentarios cobrando 2.300 euros de pensión, pero Rajoy insinúa que al resto de los españoles no nos bastará con trabajar hasta los 67 años”, señala el coordinador territorial de UPyD en la Comunitat Valenciana, Romain Muzzati.
UPyD destaca que es tremendamente injusto que algunos diputados y senadores, tras acumular varias legislaturas pero sin llegar jamás a cotizar 37 años, vayan a cobrar durante este año una pensión superior a los 31.000 euros en doce pagas. El partido recuerda que el ejemplo de los diputados de la cámara baja valenciana también es insultante para la ciudadanía porque un parlamentario autonómico de Les Corts que haya acumulado once años de trabajo –casi tres legislaturas- tiene derecho a cobrar la pensión máxima.
“¿Esta es la forma que tienen los parlamentarios autonómicos de apretarse el cinturón?”, se pregunta Muzzati quien recuerda que el recién nombrado conseller de Economía, Máximo Buch, dijo hace una semanas: “lo vamos a pasar mal, las vamos a pasar canutas.” “Obviamente el conseller no se refería a la clase política, reconoce Muzzati.
Para el coordinador territorial, mientras siga existiendo este tipo de privilegios económicos, el PP y antes el PSOE, no están legitimados para imponer un nuevo retraso en la edad de jubilación más allá de los 67 años, como ha dejado caer esta semana Rajoy y que, en principio, estaba fijada de forma paulatina hasta 2027”. “Quiero que los ciudadanos sepan que el gobierno del PP, como consecuencia de la situación económica y de las cifras del paro, así como de la vuelta al déficit de las cuentas de la Seguridad Social, no esperará a 2027 para aplicar completamente el nuevo cálculo de las pensiones porque ya está diseñando una nueva reforma”, asegura Muzzati.
La formación magenta, recogiendo los puntos del programa electoral del partido de las pasadas elecciones de noviembre, propone regular de forma flexible la edad de jubilación, incentivando adecuadamente la prolongación voluntaria de la vida laboral. Por ello, UPyD es partidario de la introducción progresiva del total de la vida laboral para el cálculo de la pensión, permitiendo a todos los trabajadores que hayan superado el periodo de cotización necesario para el 100% de su pensión utilizar la suma de todas las cotizaciones de su vida laboral para el cálculo de la base reguladora.
El documento también hace referencia a que se debe penalizar fiscalmente las jubilaciones anticipadas en las empresas con beneficios, de manera que no se lucren con las arcas públicas y procurar que las jubilaciones anticipadas de los trabajadores con largas carreras laborales tengan un efecto neutro para el sistema de Seguridad Social. Además, es de vital importancia separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social, de forma que se clarifique y visualice correctamente la situación financiera y patrimonial de la Seguridad Social, para que todas las prestaciones no contributivas sean financiadas mediante impuestos.
