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Muzzati: “Fabra tiene que explicarnos si detrás del ERE de Canal 9 se esconde la privatización de los servicios informativos”

  • UPyD insiste en resaltar la condición de servicio público de RTVV, eliminando todo lo que de superfluo a estos fines se ha ido añadiendo

  • “Debemos diseñar un plan urgente de viabilidad, eliminando cargos, asesores y derechos audiovisuales imposibles de gestionar, como la Fórmula 1 o la UEFA Champions League”

  • “Es insostenible que cada valenciano esté pagando 92 euros de su bolsillo para mantener una tele que solo ven, de media, 6 espectadores de cada 100”

Unión Progreso y Democracia de la Comunitat Valenciana afirma que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, debe explicar en Les Corts la postura del Consell sobre el anteproyecto de reforma de Ley General de Comunicación Audiovisual que prepara el Gobierno central. El documento señala que las comunidades autónomas pueden elegir qué modelo prefieren para gestionar sus televisiones públicas —público, privado o modelo mixto— y además, abre la puerta a la externalización de los servicios informativos y elimina la obligatoriedad de que la mayoría de la programación de las cadenas de televisión públicas sea de producción propia.

Para el coordinador territorial de UPyD, Romain Muzzati, “Fabra tiene que explicarnos si detrás del expediente de regulación de empleo que planea sobre Radio Televisión Valenciana se esconde la privatización de los servicios informativos”. Si se diera ese caso, la formación magenta sostiene que la vocación de servicio público, que ha sido inexistente tanto con populares como con socialistas, recibiría la puntilla.

El programa electoral de UPyD en la Comunitat hace hincapié en la torticera utilización del ente público en beneficio del Partido Popular, con información banal, de sucesos y puro entretenimiento para desviar la atención ante los flagrantes casos de corrupción que siguen afectando a los populares.

Muzzati plantea que “es vital asumir la situación de quiebra técnica de RTVV, determinada por una deuda superior a los 1.200 millones de euros de la cual la Generalitat es avalista. Debemos diseñar un plan urgente de viabilidad, que ponga fin al ingente gasto que arrastra el ente, eliminando cargos, asesores y derechos audiovisuales imposibles de gestionar, como la Fórmula 1 o la UEFA Champions League”.

UPyD insiste en resaltar la condición de servicio público de RTVV, eliminando todo lo que de superfluo a estos fines se ha ido añadiendo. Para ello, se debe renunciar a competir en el mercado con otras corporaciones audiovisuales de cobertura nacional. En este sentido, Muzzati recuerda que “es inaudito que siga coleando la cobertura informativa de la visita del Papa en 2006, porque por culpa de que Canal 9 asumió en solitario la señal televisiva para todo el mundo, el ente hizo un esfuerzo mayúsculo en la compra de equipos audiovisuales carísimos que no disponía en ese momento. Hubiera sido más sencillo haber cedido esos derechos a TVE que tiene más experiencia en la cobertura de grandes eventos y no haber hecho negocios con Orange Market, empresa implicada en el caso Gürtel”.

El partido propone potenciar la producción propia con los medios técnicos y humanos propios del ente, instaurando prácticas de buen gobierno, ajustando RTVV a la legalidad, mediante la creación y puesta en marcha del Consejo Asesor que establece la Ley de Creación de la Entidad Pública RTVV y regulación de los servicios de radiodifusión y televisión de la Generalitat Valenciana, de 1984, en su artículo 9. Además, UPyD defiende la restricción, al mínimo imprescindible, de la contratación de productoras externas por parte de las sociedades de RTVV.

Muzzati subraya que “si Canal 9 llega a externalizar su servicios informativos, como ya lo hacen las televisiones públicas de Canarias Aragón, Baleares o Murcia, habría que replantearse, nuevamente, la naturaleza jurídica del ente y, en todo caso, analizar con lupa las empresas que se encargarían de elaborar las noticias. Sinceramente, con la audiencia del último año, una plantilla de 1.800 trabajadores que tras el ERE puede quedar reducida a la mitad, seguiría estando totalmente sobredimensionada. Es insostenible que cada valenciano esté pagando 92 euros de su bolsillo para mantener una tele que solo ven, de media, 6 espectadores de cada 100”.

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