UPyD exige a Fabra que diga cuáles son las empresas públicas que va a liquidar antes de fin de año
La decisión de reagrupar las 46 empresas públicas valencianas en un holding compuesto por seis entes es, a la larga, insuficiente y una tomadura de pelo
UPyD exige conocer los motivos reales de la externalización del plan de reestructuración que va a costarnos a los valencianos más de 400.000€ y por qué no se hace desde la propia Administración autonómica
Muzzati: “Queremos saber el porcentaje de trabajadores que han sido contratados con una mera entrevista y cuántos de ellos son afiliados al PP o tienen vinculaciones familiares con el entorno del partido”
Unión Progreso y Democracia de la Comunitat Valenciana exige al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que diga lo antes posible y en Les Corts cuáles son las empresas públicas que va a liquidar antes del 31 de diciembre.
El partido, que lleva años denunciando el despilfarro y las irregularidades en la forma de contratación de la mayoría de las empresas públicas valencianas, defiende la medida del equipo de Rajoy de eliminar 400 empresas dependientes de administraciones autonómicas en toda España. No obstante, sostiene que esta decisión se debería haber tomado mucho antes. Incluso si la gestión de las mismas hubiera sido la correcta y las inversiones se hubieran efectuado por unos cauces económicos prudentes, el saneamiento de las cuentas sería, hoy en día, mucho menos traumático de lo que son en realidad.
“El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha sido muy claro y explícito al anunciar que ha pactado con las comunidades autónomas liquidar notarialmente unas 400 empresas públicas este año para avanzar en la reducción del gasto público y del déficit. Ahora, le pedimos al presidente de la Generalitat que también sea claro y transparente y nos explique sin más dilación cuántas y cuáles son las empresas públicas valencianas que cerrarán la persiana antes de que acabe el año”, señala el coordinador territorial de UPyD, Romain Muzzati.
La formación magenta afirma que la solución que ofreció hace unas semanas la Conselleria de Economía de reagrupar las 46 empresas públicas valencianas en un
holding compuesto por seis entes es, a la larga, insuficiente y una tomadura de pelo porque no entra de lleno a resolver el agujero inmenso a base de un gasto descontrolado y repleto de números rojos. “Lo peor de todo es que los responsables de esta situación son unos gestores puestos a dedo por los gobiernos del PP y que, si se confirman los indicios de los tribunales de justicia, en algunos casos, han saqueado de manera deliberada el patrimonio de los contribuyentes”, explica Muzzati.
Es preciso conocer el alcance real del “Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración del Sector Público Empresarial y Fundacional” que la Generalitat ha licitado recientemente por un importe de 424.800€ yque supone la externalización de un trabajo que desde UPyD entendemos que debe y puede hacer la administración autonómica. “Desde UPyD denunciamos que no se acometa la reestructuración internamente y con valentía y exigimos transparencia en el desarrollo de los trabajos, para que el desarrollo del plan estratégico no suponga una cortina de humo que oculte en realidad el nulo interés del Consell de desmantelar un entramado clientelar que esconde 9000 millones de euros de endeudamiento no computado por la Generalitat”, comentó Muzzati, que añadió; “Nos parecen muy preocupantes las noticias de que el conseller encargado de dicha “reestructuración”, Enrique Verdeguer deje hoy su cargo para ocupar la Presidencia del ADIF. Otra prueba más de descontrol y caos en la gestión”.
UPyD asegura que si las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la posibilidad de reclamar responsabilidades penales y patrimoniales a los políticos que han hecho un uso inadecuado de los caudales públicos se materializaran en una ley, mañana mismo, algunos altos cargos del PP valenciano y otros muchos que asumen responsabilidades en la administración provincial o local además de antiguos cargos electos del PSPV-PSOE verían su futuro muy incierto.
“Ahora, Fabra y todo su equipo no pueden eludir responsabilidades porque un secretario de Estado de Rajoy les ha pedido fichas normalizadas que contengan datos sobre la deuda de sus empresas públicas, que lógicamente habrá que pagar, y del personal al que emplean, para analizar el coste que tendría el cierre. Sin duda, queremos saber el porcentaje de trabajadores que han sido contratados con una mera entrevista y cuántos de ellos son afiliados al PP o tienen vinculaciones familiares con el entorno del partido. Eso, sin descontar que muchos de ellos habrán falseado su aptitudes y conocimientos en el currículum”, destaca Muzzati.
