Soriano: “UPyD exige que los implicados en el caso Emarsa devuelvan hasta el último céntimo”
El responsable del Área de Análisis Político de Unión Progreso y Democracia en la Comunitat Valenciana, Rafael Soriano, asegura que los indicios de saqueo y corrupción en la empresa que se encarga de gestionar la depuradora de Pinedo “no tienen nombre”. Es más, las prácticas abusivas y el desfalcaco en Emarsa son de una desfachatez bárbara y tan zafias que uno se pregunta si es posible gastar tanto dinero público en beneficio propio sin que nadie dé la voz de alarma en más de seis años”.
Soriano sostiene que el partido va a respetar la investigación judicial y la presunción de inocencia, pero “como vemos que el Partido Popular se ha dado cuenta del agujero y de que muchos dirigentes locales están salpicados, vamos a exigir que devuelvan hasta el último céntimo de euro que se han llevado”.
UPyD recoge en su programa electoral una batería de medidas para arrancar de raíz cualquier síntoma de corrupción, soborno, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, nepotismo, o falsificación de documentos. En primer lugar, la mera implicación en un caso turbio como imputado le apartaría automáticamente del partido y cesaría de su cargo como representante de los ciudadanos. Cosa que el PP y PSOE rara vez lo llevan a cabo.
Según Soriano, “el dinero que se han gastado en viajes privados con la familia en el extranjero, bolsos y ropa cara, facturas de compra de supermercados, comidas en restaurantes, cursos de formación que nunca se hicieron y la compra de ordenadores masiva, es dinero de los contribuyentes, fruto de su sacrificio”.
Para la formación magenta, la gente que gasta el dinero de los impuestos de los ciudadanos en asuntos privados no hace otra cosa más que robar y además, falta al respeto a todos y al sistema porque si uno paga impuestos es para poder usar carreteras en buen estado, visitar un hospital con medios o mandar a los niños a un colegio con material, “pero no para que una pandilla de aprovechados desparrame sin control alguno”, afirma Soriano.
Recordemos que en julio de 2010, el PP, que controlaba la Entidad Metropolitana de Aguas Residuales S.A. desde los años noventa, quiso liquidarla porque estaba en quiebra. La disolución sacó a la luz un agujero de 17 millones de euros. La investigación judicial, que abarca el periodo de 2004 a 2010 y cuenta ya con 16 imputados por malversación, estafa continuada y delitos societarios, ha destapado que los gestores de Emarsa pagaron cantidades millonarias por servicios y suministros inexistentes. El fraude total podría superar los 30 millones.
