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Joaquín Martínez denuncia que el Gobierno Central paga la dependencia de septiembre con mes y medio de retraso

  • La Generalitat adelantó el mes pasado los 5’6 millones que debía abonar el Estado

  • El secretario autonómico lamenta que el Ejecutivo Central no reconozca el esfuerzo de las Comunidades Autónomas y considera “partidistas” su uso de las cifras

  • El estudio de FUNCAS sobre la Ley de Dependencia confirma el incumplimiento por parte del Ministerio en la financiación de la ley

El secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, ha denunciado que el Gobierno Central “ha pagado el coste de la dependencia en concepto del nivel mínimo garantizado correspondiente a septiembre con mes y medio de retraso, por lo que la Generalitat tuvo que adelantar los 5’6 millones de euros que debía abonar el IMSERSO, para que las personas dependientes de la Comunidad Valenciana pudieran seguir siendo atendidas y recibir las prestaciones que les corresponde por ley”.

El pasado mes de octubre la Generalitat pagó las ayudas correspondientes al mes de septiembre haciéndose cargo también de la deuda del Gobierno Central, “para que las personas dependientes cobraran de manera puntual y a mes vencido, tal y como se comprometió el conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré”.

Estudio de FUNCAS sobre la dependencia
El secretario autonómico lamenta que desde el Ministerio “no se quiera reconocer el esfuerzo que las comunidades autónomas están realizando para atender a miles de ciudadanos, pese a los retrasos y la ausencia de financiación que muchas comunidades, como la Valenciana, están soportando”.

Asimismo, Martínez ha recordado que el modelo de gestión y financiación actual de la Ley de Dependencia “es criticado por todas y cada una de las comunidades autónomas, independientemente del partido que las gobierna, y en estos momentos ha sido seriamente cuestionado por la Fundación de las Cajas de Ahorros con el estudio que ha presentado sobre la Ley”.

Efectivamente, el estudio de FUNCAS 'La atención a la dependencia: aspectos económicos y sociales' elaborado a partir de una serie de análisis de expertos sobre la Ley de Dependencia asegura que las aportaciones del Gobierno Central “cubrieron sólo el 32% del gasto, incumpliendo así la fórmula de financiación compartida entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas”.
Incremento del 2%

El secretario autonómico ha asegurado que desde que entró en vigor la Ley de Dependencia, la conselleria de Justicia y Bienestar Social ha aportado tres veces más a la atención de la dependencia que la Administración Central.

Este esfuerzo que el ejecutivo autonómico está realizando para atender a las personas en situación de dependencia, “se verá también reflejado en los presupuestos regionales para 2012, que recogen un incremento del 2% para los créditos consignados a las políticas de atención a la dependencia y de prevención y fomento de la autonomía personal, siendo el presupuesto total de 567 millones de euros”.

El secretario autonómico también ha recordado que la conselleria de Justicia y Bienestar Social atiende en estos momentos a más de 45.500 personas reconocidas como dependientes, a través de los servicios de la red de recursos de la Comunidad Valenciana o recibiendo una prestación económica, y ha destacado “el firme compromiso del Consell de seguir atendiendo de manera puntual a todas las personas dependientes de la Comunidad Valenciana”.

Falta de objetividad
Asimismo, Joaquín Martínez ha denunciado “la falta de objetividad de los socialistas y la utilización partidista que están haciendo con algo tan importante y delicado como es la atención de las personas en situación de dependencia, tal y como se ha puesto de manifiesto con los datos recogidos en el informe de evaluación de la Ley de Dependencia que el Gobierno de la Nación presentó hace quince días, y que no es más que una nueva manipulación de los datos en beneficio propio”.

Cabe recordar que ese informe, tal y como recoge la normativa estatal, debía haber sido elaborado hace más de un año y haber sido firmado además por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en lugar de por el Ejecutivo.

 

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