Martínez: “El estudio de FUNCAS confirma la denuncia de la Generalitat sobre la falta de financiación por parte del Gobierno”
El informe asegura que el actual sistema de financiación “condena a la Ley a una inestabilidad permanente”
El informe de la Fundación de las Cajas de Ahorro asegura que las aportaciones del Gobierno Central cubrieron sólo el 32% del gasto de la atención a la dependencia
La Generalitat financia el 69’13% del gasto que supone la incorporación de los nuevos dependientes
El estudio de FUNCAS, que reúne una serie de análisis de expertos sobre la Ley de Dependencia, pone en duda la “sostenibilidad del sistema” y asegura que las aportaciones del Gobierno Central “cubrieron sólo el 32% del gasto, incumpliendo así la fórmula de financiación compartida entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas”.
Joaquín Martínez ha señalado que este dato “confirma y corrobora los datos que siempre hemos ofrecido desde la Generalitat: financiamos el 69’13% de los costes de los nuevos dependientes incorporados al sistema de la Ley, frente al 30’86% por parte del Estado, cifra muy alejada del 50% establecido por la propia Ley, y por supuesto de la cifra del Informe de Evaluación presentado por Ministerio el viernes pasado”.
El secretario autonómico ha recordado que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad presentó un Informe de Evaluación de la Ley de Dependencia “con datos falsos e incorrectos, no contrastados con las comunidades autónomas, y que no ha contado con la aprobación del Consejo Territorial del Sistema para Autonomía y Atención a la Dependencia, que es el órgano competente para hacerlo”.
Asimismo, el secretario autonómico ha recordado al Ministerio que el modelo de gestión y financiación actual de la Ley de la Dependencia, “es criticado por todas y cada una de las comunidades autónomas, independientemente del partido que las gobierna, y en estos momentos ha sido seriamente cuestionado por la Fundación de las Cajas de Ahorros con el estudio que ha realizado”.
35.720 nuevos dependientes
La base del Informe de Evaluación realizado por el Ministerio se argumenta en que la inmensa mayoría de personas atendidas en este momento, ya estaban siéndolo con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.
Joaquín Martínez ha explicado que esto “es radicalmente falso, y así se ha demostrado allá donde se le ha requerido a la Generalitat Valenciana, porque los datos son elocuentes”.
En el año 2006, en la Comunidad Valenciana había aproximadamente 11.395 personas mayores y personas con discapacidad, atendidas a través de los recursos públicos y concertados del sistema de servicios sociales. Con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, todas estas personas fueron valoradas como dependientes graves y severos.
En estos momentos, en la Comunidad Valenciana están siendo atendidas a través de servicios y prestaciones, 45.548 personas reconocidas como dependientes y con un grado y nivel en vigor.
En cuatro años, y desde la puesta en marcha de la Ley en 2007, se han incorporado al sistema de la dependencia 35.720 nuevos dependientes. Estos nuevos dependientes suponen un coste de 313 millones de euros, de los que la Generalitat Valenciana ha destinado este año 217’4 y el Gobierno Central 95’7.
Retrasos en el pago de la Ley
Por otro lado, el secretario autonómico ha asegurado que la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez, “miente cuando dice que el Gobierno no adeuda a la Generalitat Valenciana 12 millones de euros para los dependientes. El Gobierno Central no paga la dependencia a la Generalitat desde el pasado mes de agosto, y por lo tanto nos adeuda un importe de cerca de 12 millones de euros correspondientes a los meses de septiembre y octubre en concepto del nivel mínimo de protección garantizado”.
Joaquín Martínez ha explicado que a pesar del retraso en los pagos por parte del Gobierno Central, “la Generalitat adelanta parte de ese importe para que las personas dependientes de la Comunidad Valenciana sigan siendo atendidas y recibiendo las prestaciones que les corresponde por ley”.
El coste mensual de la atención a la dependencia en la Comunitat asciende a 45 millones de euros, de los que 33’5 millones los aporta la Generalitat, y 7’5 millones corresponde a la financiación del Estado por los conceptos de nivel mínimo de protección y nivel acordado.
