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UPyD apuesta un nuevo modelo de Estado más viable y eficiente

    Unión, Progreso y Democracia, UPyD, plantea como medidas urgentes para conseguir un Estado más viable y eficiente la redistribución de competencias entre Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

    Para ello considera imprescindible incluir en la Constitución una delimitación clara del reparto de competencias entre las Administración del Estado, Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, que evite duplicidades y cierre el modelo autonómico, estableciendo que las competencias de representación internacional, defensa, justicia, educación, sanidad, medio ambiente, protección civil y recursos naturales sean exclusivas del Estado e intransferibles.

    Todas las Comunidades Autónomas tendrían las mismas competencias, capacidad legislativa y sistema de financiación basado en la corresponsabilidad fiscal.

    La formación política quiere además eliminar los beneficios históricos de los territorios forales (Navarra y País Vasco), por ser contrarios al valor superior de la igualdad que rige la Constitución, así como restaurar el control previo de constitucionalidad para los supuestos de reforma de Estatutos de Autonomía, evitando la inseguridad jurídica que genera la aprobación de Estatutos de dudosa constitucionalidad.

    Otro planteamiento revolucionario es la supresión de las Diputaciones Provinciales y Diputaciones Forales, cuyas competencias pasarán a desempeñar Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y una fusión paulatina y voluntaria, dentro de un plazo con fecha de expiración, de los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, y de los contiguos entre sí o anexos a concentraciones urbanas mayores, con el fin de racionalizar la administración local y de mejorar la prestación eficiente de servicios públicos.

    UPyD considera también necesaria la supresión de los órganos de la Administración General del Estado vacíos de competencias como consecuencia del proceso de descentralización, incluyendo ministerios y direcciones generales, así como de la revisión del marco normativo vigente con objeto de eliminar normas obsoletas, confusas, redundantes o ineficaces y superfluas.

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