El PPCV impulsará un plan de protección de los chiringuitos
Esta medida pretende “garantizar el futuro de un sector estratégico para el empleo, la economía y el turismo de la Comunitat”
El Partido Popular de la Comunitat Valenciana se compromete a impulsar un plan de protección de los chiringuitos, según ha anunciado hoy el director del programa electoral de los populares valencianos para las elecciones autonómicas de mayo de 2011 y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco.
Blasco ha explicado que esta medida “pretende garantizar el futuro de un sector estratégico para el empleo, la economía y el turismo de la Comunitat como son los chiringuitos”.
El director del programa electoral ha reclamado “el mismo nivel de competencias que ya tienen Cataluña, Baleares y Andalucía”. “Es fundamental, para nuestros intereses turísticos, que el proceso de transferencia se produzca con la misma diligencia y las mismas condiciones que se ha hecho en Andalucía. Los valencianos no somos menos que andaluces o catalanes, por lo que no tenemos que sufrir ningún agravio o discriminación”, ha asegurado.
Para Blasco, “los chiringuitos son un símbolo de identidad de nuestras tradiciones y además, constituyen un gran atractivo turístico. En una situación de crisis como la actual, el Gobierno socialista debería dejar de crear polémicas que en nada benefician a los ciudadanos y ponerse a trabajar para luchar contra la crisis”.
Rafael Blasco ha señalado que han incluido esta propuesta en el programa electoral “como muestra de nuestro compromiso con el sector”.
“Desde el Consell, siempre hemos estado al lado del sector hostelero, defendiendo su supervivencia y reclamando al Ministerio un diálogo constructivo para encontrar una solución definitiva a este problema”, ha señalado.
Según datos del sector, hay 500 locales ubicados en dominio público marítimo terrestre del litoral de la Comunitat Valencia que pueden verse afectados a medio y largo plazo por una aplicación restrictiva de la Ley de Costas. Una aplicación que, según diversas estimaciones, puede suponer para las empresas afectadas la pérdida de 5.000 puestos de trabajo y de alrededor de 500 millones de euros.
