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Alarte: “Queremos sustituir la escasez de recursos, el clientelismo y el voluntarismo de los últimos 15 años por recursos suficientes y derechos”

  • El candidato socialista anuncia que el próximo gobierno socialista de la Generalitat aprobará una nueva Ley de Servicios Sociales y una Ley Urgente de Aplicación de los Derechos de la Dependencia

El candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat y secretario general de los Socialistas Valencianos, Jorge Alarte, ha afirmado hoy que “a partir del 22 de mayo sustituiremos la escasez de recursos, el clientelismo, el voluntarismo por recursos suficientes y derechos, y por la obligación de la Generalitat de cumplir esos derechos y esas responsabilidades”.

El líder socialista se ha expresado en estos términos durante su intervención en el diálogo “Dependencia. Un derecho, una obligación”, en el que también ha participado la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín. Este acto se enmarca en el ciclo de conferencias “Diálogos con Alarte” en que han participado también el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y la ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología, Cristina Garmendia.

A este encuentro han asistido numerosos representantes socialistas como el presidente de los Socialistas Valencianos, Óscar Tena, el candidato a la alcaldía de Valencia, Joan Calabuig, la Delegada del Gobierno en la Comunitat, Ana Botella, la secretaria provincial de Valencia, Carmen Martínez y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch. Han estado presentes también numerosos representantes de colectivos sociales como el presidente de Cocemfe, el presidente de Cermi-CV, el delegado de ONCE en la Comunitat, el presidente de Asocide, así como representantes de Asprona, Avapace, Aspaym, Feaps y de las Federaciones de Plataformas de la Dependencia de la Comunitat Valenciana, entre otros.

Jorge Alarte ha explicado que “hay una crisis desde 1995 en la Comunitat que ahora se muestra de manera más fuerte” y que, ha añadido, “es la crisis de las políticas de atención a las personas, de las políticas de la igualdad, de la equidad, de la solidaridad y de atender a las ciudadanos que más necesitan de los poderes públicos para garantizar igualdad de oportunidades”. En este sentido, ha afirmado que “esta crisis no sólo afecta a la Ley de la Dependencia sino es más amplia” ante lo que ha defendido que “una sociedad digna y moderna es una sociedad que es más igual porque es más justa, y porque hace esfuerzos en garantizar oportunidades en la cultura, en la educación, en todos los ámbitos, sobre todo en las personas que más necesitan de nuestra solidaridad y de esas oportunidades”.

Alarte ha señalado que “queremos que se hable de sostenibilidad social” y ha adelantado que “para hacer realidad este nuevo tiempo, necesitamos instrumentos legales y compromiso” por lo que ha anunciado que “queremos hacer una Ley de Servicios Sociales nueva, que desarrolle derechos, desde la transversalidad y que sea un compromiso de todo el Gobierno en todas las áreas”. “Esta nueva ley reconocerá derechos subjetivos para los valencianos, derechos para atender a la infancia, a la adolescencia y a los nuevos modelos de familia. También en ella estableceremos un periodo máximo de acceso a los recursos sociales de 60 días, para todos los recursos sociales –ha recalcado-, incluida la renta de ciudadanía, y para la Ley de la Dependecia este periodo máximo será de 30 días”.

El candidato socialista ha expuesto que el próximo gobierno socialista de la Generalitat aprobará “una Ley de Aplicación Urgente de los Derechos de la Dependencia” y se ha comprometido a que será “la primera ley por dignidad, debe ser esta ley de urgencia y movilizaremos hasta el último de los recursos; esto será lo primero que paguemos, porque los derechos no se discuten”.

El líder socialista se ha referido también a la política de austeridad que defienden los Socialistas Valencianos para afirmar que “nuestras políticas de saneamiento también incluyen la dignidad de cobrar cuando toca, esa dignidad que especialmente es para garantizar la dignidad de las personas debería haber sido lo primero”

Por último, Jorge Alarte, ha mostrado su compromiso para que con el próximo gobierno socialista de la Generalitat “el primer decreto de distinciones del 9 d’Octubre sea para proponer la concesión de la Alta Distinción de la Generalitat a todos los que permitieron que nadie olvidara que los derechos de la dependencia también eran derechos de los valencianos”.

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha afirmado que “hablar de dependencia, política social y derechos es también hablar de valores y de distintas maneras de entender la política”. La ministra ha señalado también sobre la Ley de Dependencia que “aprobar esta ley es dignidad, seguridad y confianza” y ha recordado que “cuando se aprobó sabíamos que no era una ley más, que nada volvería a ser igual y que podía garantizar la autonomía personal”. Leire Pajín ha aseverado que “la aplicación de la Ley Dependencia en la Comunitat tendrá un nombre y apellido: Jorge Alarte. Y tendrá un color, el color rojo del PSOE”.

El secretario de Políticas de Bienestar Social y Sanidad de los Socialistas Valencianos, José Ramón Mayans, ha defendido que la dependencia “es un estado al que tarde o temprano llegaremos todos nosotros y, por tanto, hablar de dependencia es hablar también de nuestro futuro”. Mayans ha explicado que en la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunitat “hay un problema de fondo que son los servicios sociales” ya que, ha argumentado, “en los presupuestos de un Gobierno se ve el compromiso de un gobierno con las políticas sociales”.

Por su parte, el portavoz de Bienestar Social en Les Corts, Antonio Torres, ha agradecido el trabajo que realizan las plataformas en defensa de la aplicación de la Ley de Dependencia. Torres ha afirmado que “hablar de dependencia en nuestra comunidad es sinónimo de boicot, es sinónimo de intereses partidistas y es sinónimo de maltrato a las personas dependientes y sus familias” ya que, ha añadido, “desde el principio el Consell puso en marcha un plan para obstaculizar en la medida de lo posible la aplicación de la ley en la Comunitat”.

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