Muzzati: “El despilfarro en grandes eventos y obras faraónicas debería ser delito”

Unión Progreso y Democracia en la Comunitat Valenciana afirma que el despilfarro de dinero público que ha malgastado la Generalitat bajo la presidencia de Camps debería estar tipificado como un nuevo delito de administración desleal de autoridades y cargos públicos.

La formación magenta contabiliza cerca de 640 millones de euros de sobre coste del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Ágora inacabado incluido, y los 15 millones de euros del pago de un proyecto básico (es decir, no válido para la construcción) de tres torres del arquitecto Calatrava que no se van a levantar. Además, UPyD se pone de manifiesto que el presidente, Alberto Fabra, ante semejante lastre, está tratando de echar tierra de por medio y ha empezado tibiamente a desmarcarse de la nefasta política de fastos de sus antecesores al suprimir la competición equina de la Global Champions Tour o la MTV Winter que se venía celebrando entre el Umbracle y el Museo Príncipe Felipe en febrero y que costaba un millón de euros cada edición. Incluso los más de cien millones de euros invertidos en la adecuación del circuito urbano de Fórmula 1 del Campeonato de Europa que acoge Valencia desde hace cuatro años están resultando un lastre significativo. Más si cabe, con la reciente “adquisición” de la empresa VALMOR, gestor privado del gran premio, por parte de la Generalitat, con su deuda presente y futura por el elevado canon anual que hay que pagar a Bernie Ecclestone. Desde el Consell se informó a los contribuyentes de que la carrera automovilística no supondría un coste para las arcas públicas. Nada más lejos de la realidad.

El último capítulo de este desmontaje apresurado de la etapa de Camps y de Zaplana ha sido el acuerdo alcanzado con la empresa Aqualandia para comprar el parque de ocio de Benidorm, Terra Mítica, cuyo sobre coste total estimado superó los 400 millones de euros. Para el coordinador territorial de UPyD en la Comunitat Valenciana, Romain Muzzati, “venderlo ahora supone que el dinero que pusieron las difuntas CAM y Bancaja para aportar liquidez al proyecto no sirvió de nada y esos recursos deberían haberse destinado a obra social, que es el objeto de las cajas. Pero no, ahora nos lamentamos de que el Consell no puede pagar a los farmacéuticos, a los abogados del turno de oficio, a los libreros y demás proveedores. La gestión es escandalosamente bochornosa”.

UPyD plantea en el programa electoral la posibilidad de incluir un nuevo delito tipificado en el Código Penal sobre administración desleal de autoridades y cargos públicos. La figura se centraría en las actuaciones de las personas físicas o jurídicas que, en el ejercicio de sus funciones públicas, causen, por acción u omisión, al Estado o a los ciudadanos que representan un perjuicio económicamente evaluable, bien por la infracción de las normas que regulan el ejercicio de su actividad, bien por la adopción de decisiones susceptibles de haberse evitado con la diligencia mínima exigible a su cargo, materializadas en actos, gastos o inversiones manifiestamente innecesarios o desproporcionados o motivados por espurias razones ajenas a la rentabilidad económica, al servicio público o el bienestar de los ciudadanos.

Así, el partido considera que la Generalitat ha tomado decisiones sin diligencia y ha llevado a cabo gastos e inversiones manifiestamente innecesarios y desproporcionados, descuidando así, la atención de los ciudadanos en materias vitales para el mantenimiento del Estado del Bienestar o para hacer frente a sus deudas con proveedores u otras administraciones.