El Pleno de Morella exige a la Generalitat que "paralice inmediatamente la aplicación del copago e incremento de cuotas en las residencias y centros de dependientes"
La moción salió adelante con los votos del Grupo Socialista y en contra del Popular, al considerar que “era mentira”
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Morella aprobó anoche una moción para exigir a la Conselleria de Bienestar Social la paralización inmediata del decreto 113/2013 y proceder a su derogación. Éste entró en vigor el pasado 1 de enero de 2014 y provoca un incremento de dos cuotas y entorno al 16% de encarecimiento para los usuarios de las residencias y centros de dependientes. La moción se aprobó con los votos en contra del Grupo Popular, ya que consideraron que “todo es mentira” y defendieron la necesidad de este copago.
La concejala de bienestar social del consistorio morellano, Malú Blasco, afirmaba que “es sorprendente que el PP de Morella se sitúe del lado de la Generalitat en un caso tan grave y que está afectando a las personas más débiles”. Además, añadía que que “la Generalitat Valenciana de Alberto Fabra se ha avanzado a la aplicación del copago del Gobierno Central y ha establecido unas condiciones económicas durísimas e inasumibles en muchos casos para las personas mayores dependientes usuarias de los centros residenciales”. Blasco también señalaba que “no se puede entender que los responsables municipales del PP de Morella digan que es mentira y que otros compañeros suyos de otras localidades estén presentando mociones como la nuestra para exigir a la Generalitat que no aplique este copago tan duro”.
La concejala también considera que “en estos momentos de crisis, las administraciones deberían estar al lado de los más débiles y, sin embargo, la Generalitat Valenciana está abandonando a los dependientes y provocando situaciones dramáticas”. La concejala recuerda que con la entrada en vigor de este decreto, los usuarios de la residencia pasarán a pagar 14 cuotas en vez de 12, de forma que se incrementa más del 16% la cantidad a abonar, y que muchos mayores se quedarán con escasos recursos, en muchos casos menos de cien euros mensuales, para sus gastos personales, como pueden ser el pago de medicamentos, productos ortopédicos, higiene personal, vestuario, etcétera.
Además, en los casos más graves en los que un usuario no pueda pagar las cuotas, el decreto también contempla la posibilidad de abrir un procedimiento de deuda mediante el cual serían sus herederos los que cargaran con los pagos e, incluso, los residentes pueden verse obligados a abandonar sus centros. Por ello, Blasco exige que “se paralice inmediatamente la aplicación de este decreto, que se derogue y que se inicie un diálogo y negociación con las entidades y organizaciones sociales que atienden a las personas mayores dependientes para consensuar la aplicación del copago”.
La concejala de bienestar social concluía que “hay usuarios y familias de la Residencia de Morella que han venido a la asistenta social para presentar recursos contra este decreto de la Generalitat, así como están haciendo muchos colectivos en la provincia, por lo que es intolerable ponerse una venda en los ojos, defender a la Generalitat y acusarnos de mentir”.
