Morella, contra la supresión de los Juzgados de Paz propuesta por el Gobierno central

El pleno de Morella ha aprobado, por unanimidad, una moción a favor de los partidos judiciales y de los juzgados de paz, frente a la supresión de los mismos que plantea el Gobierno central. Desde el consistorio morellano se ha defendido la necesidad de tener próximos los servicios públicos y el trabajo que prestan los profesionales del juzgado de paz de Morella. Cabe recordar que la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Morella ya aprobó, en el mes de julio y a propuesta del alcalde, una declaración institucional en defensa de estos servicios.

Así, el concejal de gobernación, Ernest Blanch, defendía “el trabajo que presta el Juzgado de Paz de los municipios, ya que es próximo a los ciudadanos, beneficia a los vecinos y vecinas y nadie entiende por qué hay que pagar por servicios tan elementales como los relativos al registro civil, que son ejercicio de derechos de la persona”. Por ello, considera que “las intenciones centralizadoras del gobierno central van en contra de lo que exigen los ciudadanos, que es proximidad en los servicios públicos y atención personalizada”. También añadía que “el Gobierno ha entrado en una espiral de recortes con la excusa del ahorro económico, pero esta supresión pondría de manifiesto, una vez más, el poco conocimiento de la realidad de los pueblos de interior, ya que es mucho más caro trasladarlo a las grandes ciudades y también es un problema mayor para los ciudadanos”.

La propuesta planteada por el ministro Gallardón, en forma de Ley de Registro Civil, va en la línea de eliminar este servicio, centralizarlo, para que haya uno por cada 500.000 habitantes y de servicio privado. El Juzgado de Paz es el organismo ante el que se da cuenta de los nacimientos, defunciones o matrimonios y en el que se solicitan certificados de estado civil o trámites para obtener la nacionalidad. En el Ayuntamiento de Morella se presta desde el mismo edificio consistorial. La nueva ley que puede entrar en vigor en junio de 2014 afectaría a cerca de 500 registros en la Comunidad Valenciana y ya ha unido al mundo de la judicatura en contra de esta decisión.

Ernesto Blanch considera que “estamos de nuevo ante propuestas erráticas e incorrectas que van en contra del sentir de la ciudadanía, y el ministerio debería rectificar en la línea escogida”. En esta línea, recuerda la polémica planteada hace unos años, “cuando se trató de imponer por decisión política un partido judicial de Albocàsser, sin reunirse los requisitos mínimos para permitir a la ciudadanía acceder a la administración de Justicia. Ahora, vamos en el carril del todo lo contrario, eliminando todos los partidos existentes. No tiene mucho sentido y lo que se debe hacer es gobernar con coherencia y atendiendo a la realidad de los territorios”. En Morella, desde hace mucho tiempo, los vecinos se trasladan a Vinaròs para realizar sus gestiones de Justicia, Seguridad Social, Agencia Tributaria o Trabajo. Según Blanch, “no tiene sentido que nos obliguen a hacer gestiones en un sitio y otras en otro, ya que se genera mucha confusión e incomodidades innecesarias a nuestra ciudadanía”.

En definitiva, desde el Ayuntamiento de Morella se considera “un sinsentido” esta posible privatización y se exige al ministro “que rectifique y que se mantengan estos servicios próximos a los ciudadanos, para que continúen realizando la importante labor que prestan”.