Montiel afirma que la PL contra la Pobreza Energética es una ley necesaria

La Comisión de Obras Públicas de Les Corts Valencianes se ha reunido esta tarde para sustanciar el debate de enmiendas presentadas a la proposición de ley para paliar y reducir la pobreza en la Comunitat Valenciana, antes de que pase a pleno para su votación.

El síndic del grupo parlamentario de Podemos-Podem, Antonio Montiel, ha destacado que hace ya más de un año, en noviembre de 2015, Podemos presentó esta proposición de ley y ha lamentado que su tramitación se haya alargado inexplicablemente.

En este sentido, ha advertido que "la pobreza energética en este país mata" y ha cifrado en 800 las muertes que relacionadas con esta causa se registran cada año en la Comunitat Valenciana.
Montiel ha señalado que es "una ley necesaria, que aborda con cuidado el reparto competencial y que garantiza que los pagos y la resolución de expedientes de ayuda correrán a cargo de la Generalitat.

La ley recoge que el ente tramitador serán los ayuntamientos a través de los servicios sociales y que serán los alcaldes y alcaldesas quienes formalizarán las propuestas para que se aprueben las resoluciones, mientras que el procedimiento sancionador, --que está inspirado en la legislación valenciana sobre protección y defensa de consumidores y usuarios-- corresponde al Consell.

Montiel ha recordado que los países pioneros en ocuparse de esta cuestión fueron Reino Unido y Francia, que tienen implantados sistemas que impiden cortes de luz y suministros energéticos en periodos invernales.

El síndic de Podemos ha explicado que la norma recoge que los pagos que se estipulen los realizará la Generalitat y no los ayuntamientos y ha señalado que se ha dejado abierta la posibilidad de la colaboración para la financiación de estas ayudas entre el Consell, Diputaciones y otras entidades locales.

Según las enmiendas acordadas hoy en la comisión, se entenderá por hogares en situación de vulnerabilidad social aquellos que se encuentren en situaciones de pobreza energética conforme a los parámetros que se definan reglamentariamente atendiendo a los niveles de pobreza admitidos por el Instituto Nacional de Estadística referenciados en la Comunitat Valenciana, así como los que reciben prestaciones por rentas mínimas de inserción o renta mínima garantizada.

Esta declaración tendrá una validez de seis meses desde su confirmación y será renovada si se mantiene la situación que la originó y se extinguirá cuando los perceptores dejen de cumplir los requisitos, algo que están obligados a comunicar.

También se ha acordado que la Generalitat garantizará la financiación de las medidas contempladas en la ley, sin perjuicio de los acuerdos de colaboración con Diputaciones y el resto de entidades locales, instituciones que establecerán los canales de colaboración y comunicación oportunos para el intercambio de información, gestión de expedientes y tramitación de los pagos.

Además, la financiación de los planes de micromedidas de eficiencia energética corresponde a la Generalitat, sin perjuicio de la obtención de fondos europeos o estatales. Estas ayudas favorecerán las obras de reforma y rehabilitación, siendo un elemento de estímulo económico.

También se ha aprobado una enmienda transaccional mediante la cual se estipula que corresponde a la Generalitat la incoación de los expedientes sancionadores, si bien los ayuntamientos podrán iniciarlos cuando tengan conocimiento de hechos que podrían ser constitutivos de infracción.

De este modo, la Generalitat será la administración que tendrá la potestad sancionadora respecto a empresas suministradoras que lleven a cabo corte de suministro a familias en los casos en los que está en trámite la declaración de hogar en situación de vulnerabilidad social, así como a las que eliminen el servicio sin comunicación previa a los respectivos servicios sociales municipales.