El Ayuntamiento de Moncofa insta al Gobierno a reforzar las medidas para evitar la ‘okupación’ de viviendas de los vecinos

El Ayuntamiento de Moncofa ha aprobado una moción en el último Pleno instando al Gobierno de España a reforzar las medidas para evitar la ‘okupación’ ilegal de viviendas ante el repunte de casos que se están produciendo últimamente. Se trata de un problema que preocupa mucho tanto a los vecinos censados, como a los veraneantes que tienen viviendas en el municipio.

El alcalde, Wences Alós Valls, ha sido quien ha instado a impulsar esta propuesta para trasladar a todos los vecinos el firme compromiso del Ayuntamiento de Moncofa con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de viviendas.

Alós Valls ha asegurado que “nuestro compromiso contra la ocupación ilegal de viviendas es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda”.

En la moción aprobada se ha instado al Gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas en visto del vertiginoso aumento de casos en los últimos años. De hecho, la ocupación ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados, ha crecido un 58% en los últimos cinco años pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018.

Solamente entre los meses de enero y junio de 2020 se han registrado 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio del Interior. De media, se producen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal de inmuebles.

Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado.

Las denuncias han aumentado más de un 14% en la Comunitat

En la Comunitat Valenciana las denuncias por ocupación ilegal de viviendas han aumentado un 14,11% en el último año, y el propio Consell ha informado que, además, hay 1.300 viviendas públicas ocupadas ilegalmente.

Como se explicaba en la moción aprobada por el Ayuntamiento de Moncofa, “estos datos nos muestran como la ocupación ilegal es un problema creciente en nuestro país que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española (artículos 47 y 33 respectivamente) sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes”.

En el texto también se explica que esta alteración de la convivencia vecinal se produce por la proliferación de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.

En los últimos años, se han producido avances legislativos en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas como ocurrió en 2018 a través de la Ley 5/2018 que modificó la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, acortando plazos y agilizando procedimientos.

Pero es necesario, a la vista de las cifras anteriormente mencionadas, reforzar el ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio.

Proponen desalojar en 12 horas las viviendas ‘okupadas’

La propuesta aprobada en el Ayuntamiento defiende la introducción de medidas como que la autoridad pública o sus agentes podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses; considera nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal; agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y regula nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal y si estas personas son responsables políticos incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público. 

Además, solicita que se refuercen los medios de los que disponen las comunidades de propietarios para combatir la ocupación ilegal, y las negativas consecuencias que tiene para la convivencia y la seguridad de los vecinos, que podrán adoptar medidas preventivas tales como tapiar o cerrar puertas o ventanas.