PP: "Eliminar el Servicio de Ayuda a Domicilio supone un hachazo a los derechos de los más débiles"

El Grupo Popular de Mislata ha asegurado hoy que el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que presta el Ayuntamiento de Mislata desde hace años a los mayores y a las personas discapacitadas "es una obligación de las entidades locales y no de la Generalitat," que viene regulada por la LBRL 7/1985, de 2 de Abril, art.26.1.c y la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de Julio, art.49. "Por tanto, -añaden-, resulta intolerable que los socialistas se escuden en razones, que entendemos puramente políticas, para eliminar un servicio prioritario". "Bielsa se ha cargado de un hachazo un sistema básico de protección social de los mislateros sin importarle el daño que causa a los más débiles", explican.

El Grupo Popular ha realizado estas manifestaciones en clara respuesta a las vertidas por el alcalde socialista Carlos Fernández Bielsa que aseguró ayer que eliminaba el SAD a causa de los impagos de la Generalitat. "Sabemos la falta de recursos que sufren las arcas municipales por la crisis, pero ésta no debe afectar a los colectivos más desfavorecidos, no debe provocar una mayor carga para los más débiles". "Lo que ha hecho Bielsa supone un ataque frontal a los derechos de los ciudadanos, a los dependientes", precisan.

Las mismas fuentes explican que los Servicios Sociales en Mislata han dedicado muchos recursos a intentar paliar en gran medida las desigualdades y las necesidades existentes. En concreto, el SAD sirve de apoyo a dichos colectivos en la movilización, higiene y limpieza del domicilio. El Ayuntamiento de Mislata sufraga este servicio que cuesta más de 390.000 euros, excepto una parte que subvenciona la Generalitat y que para el año 2011 ascendió a 54.754.euros.

"El Gobierno de Bielsa sólo busca los golpes de efecto para salir en la prensa y echar la culpa de sus desatinos a la herencia recibida", indica la portavoz popular, Ligia Rodrigo. "Pero ser alcalde de Mislata no es sólo poner excusas para quitar derechos sociales", añaden en alusión a los programas de protección que ha eliminado tras llegar al poder como el PADI, el Programa de Atención y Ayuda contra la Drogadicción, PAM, SEAFI o la reducción de las ayudas de luz y alquiler, entre otras.

Para los populares "es una contradicción que se mantengan todo tipo de actividades lúdicas y festivas, que se publiquen revistas para darse publicidad, que se mantenga un chófer al servicio del alcalde, que se realicen ampliaciones de la Empresa Pública Nemasa (1.300.300´-€), y luego, con la excusa de que no hay dinero, se le esté quitando prestaciones sociales a los que más lo necesitan. Tal vez porque son los más débiles y porque posiblemente estas personas estén cautivas, física o intelectualmente".

Desde noviembre de 2011, afirman "se ha venido prestando este servicio sin contrato con la empresa que lo gestionaba. Se ha mantenido a las trabajadoras con una inseguridad manifiesta lo que con la Ley de Contratos en la mano constituye una infracción del Ordenamiento Jurídico, que tiene los consiguientes reparos desde el departamento de Intervención". "Además, -concluyen las mismas fuentes-, también advertimos de las posibles consecuencias legales que se puedan derivar".