El Ministerio propone recortar en 1’3 millones de euros las ayudas para las personas dependientes de la Comunitat Valenciana
El Gobierno Central cambia los criterios de financiación de la Ley de Dependencia
El secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia denuncia que el cambio provoca desigualdades entre las distintas autonomías
En un año la Generalitat ha incrementado en un 163’8% el número de dependientes atendidos
Martínez, que ha asistido en Madrid al pleno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, ha explicado que estos cambios “acentúan de nuevo la desigualdad territorial ya que favorece a unas comunidades en detrimento de otras, y demuestra que el Gobierno continúa incumpliendo la obligación de financiar el 50% del coste de la dependencia como establece la Ley”.
En este sentido, ha explicado que el Ministerio ha establecido el nuevo modelo de financiación ajustándose a los datos, mientras que "el procedimiento habitual es justamente el contrario, se establece el modelo que se entiende razonable, se consensúa, como se hizo el año pasado, y por último se aplican los datos".
La Ley de Dependencia establece tres niveles para su financiación, un nivel mínimo, un nivel acordado y un nivel adicional.
En el nivel mínimo, la Administración Central aporta una cantidad económica por cada ciudadano con derecho a prestación que se registra en el sistema de la Dependencia, dependiendo el importe del grado y nivel de dependencia del solicitante. El nivel acordado reparte la financiación atendiendo a unos criterios ya definidos como son la población de la Comunidad Autónoma, la insularidad y los inmigrantes retornados, entre otros. Y por último el nivel adicional, que cada comunidad autónoma puede establecer con cargo a sus presupuestos.
Fuerte impulso al sector
Joaquín Martínez ha mostrado su disconformidad por los cambios que el Gobierno Central quiere introducir en la financiación de la ley, y ha reiterado “la necesidad de establecer criterios comunes en todas las comunidades de manera que se igualen en derechos a todos los ciudadanos independientemente del lugar donde residan”.
Asimismo, el secretario autonómico ha resaltado el fuerte impulso que el Consell ha dado a la aplicación de la Ley de la Dependencia en el último año, con un importante esfuerzo económico y humano. “Sin embargo –ha señalado- el Gobierno Central nos recorta en más de 1 millón de euros las ayudas para las personas dependientes de la Comunitat”.
Efectivamente, en últimos doce meses en la Comunitat Valenciana se ha incrementado en un 251’7% los dictámenes realizados, en un 163’8% las personas atendidas, en un 229% el número de prestaciones para cuidadores no profesionales, y en un 129% las personas atendidas a través de los servicios.
De hecho, Joaquín Martínez ha señalado que ya hay más de 89.000 personas valoradas, de las cuales unas 60.000 corresponden a grados de dependencia con derecho en vigor, y de las que el 50% están siendo ya atendidas.
“Esto ha sido posible –ha puntualizado el secretario autonómico- gracias al refuerzo que se ha realizado en los equipos de gestión y valoración de la dependencia, lo que ha permitido que en estos momentos las valoraciones estén prácticamente al día”.
Cabe recordar que en la actualidad hay alrededor de 240 profesionales dedicados a la aplicación de la ley en los 117 Servicios Municipales de Atención a la Dependencia que existen en la Comunitat, 43 en Alicante, 16 en Castellón y 58 en Valencia.
Más de 290 millones de euros
Según el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia “a pesar de que el modelo actual y las escasas aportaciones del Gobierno dificultan la sostenibilidad del sistema, el presupuesto que la Generalitat destina a la atención de la dependencia en 2010 se ha incrementado un 22,4%, lo que supone una aportación de 292,63 millones de euros. Asimismo, se ha ampliado un 10,93% la partida destinada a la atención de las personas con discapacidad”.
Aunque la Ley de Dependencia establece expresamente que la financiación en cada Comunidad Autónoma esté repartida entre gobierno autonómico y gobierno central, correspondiendo a cada parte el 50%, “en la actualidad –ha señalado - la Generalitat está aportando el 71’41% frente al 28’59% del Estado.
Martínez ha reivindicado la necesidad de que el Ministerio de Sanidad y Política Social “busque nuevas vías que ofrezcan sostenibilidad y estabilidad a todo el sistema, ya que con el modelo de financiación actual las comunidades autónomas son las que soportan la mayor carga financiera lejos de lo establecido en la memoria económica de la Ley. Es absolutamente necesaria una normativa única para todo el territorio nacional”.
