Mayans acusa al Consell de “crear una gran alarma social” al no poder garantizar el estado de bienestar en la Comunitat

El secretario de Políticas de Bienestar Social y Sanidad de los Socialistas Valencianos, José Ramón Mayans, ha acusado directamente al Consell y a su presidente Francisco Camps de “crear una gran alarma social, cuyas consecuencias, si no se busca una solución adecuada y consensuada, pueden ser desastrosas para el conjunto de la sociedad valenciana”. “Lo que está ocurriendo en esta Comunitat no tiene nombre. Dejar en la calle a 1.800 dependientes, desprotegidos e indefensos junto a sus familias, de la noche a la mañana, es el mayor acto de crueldad por el que el PPCV y Camps pasarán a la historia de esta Comunitat”, ha señalado.

En este sentido, Mayans ha recordado las continuas denuncias que los Socialistas Valencianos han hecho públicas por la “nefasta aplicación” de la Ley de Dependencia que ha permitido que miles de valencianos y valencianas en situación de dependencia hayan muerto “sin que se les haya reconocido el derecho a una vida digna”. “Este Consell ha tolerado que en la Comunitat Valenciana miles de familias con dependientes vivan un drama diario que han de superar con la ayuda de asociaciones, vecinos, amigos y con el desprecio de una Administración más preocupada y ocupada en financiar a amiguitos, tramas corruptas, coches de lujo, o fiestas de cumpleaños”, ha indicado.

El dirigente socialista ha explicado que “somos la Comunitat que menos invierte por ciudadano mayor de 65 años”, con una media de 248 euros, mientras la media nacional se sitúa en 450 euros por ciudadano. Así mismo, ha apuntado que “esta política es consecuencia de la poca inversión en servicios sociales que realiza la Generalitat”.

En este sentido, Mayans ha valorado de “irresponsable y de muy grave” la actitud de la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, quien ayer manifestó publicamente “un completo desconocimiento de la grave situación por la que atraviesan cientos de familias” que han tenido que ser informados por las propias residencias de la eliminación de las ayudas de la Generalitat a estos centros.

Por este motivo, ha responsabilizado a Camps de “permitir que desde su gobierno se cree alarma social” consintiendo que la Conselleria de Bienestar Social, que “con esta Generalitat debería llamarse de Sufrimiento Social”, genere noticias en las que se anuncia a casi 2.000 dependientes que deberán hacer frente a los gastos de su internamiento en residencias. Unas noticias que, según ha indicado, han sido generadas como consecuencia de “una reunion celebrada en la Conselleria con los empresarios de sector”.

Mayans ha instado a Bienestar Social a que “negocie con los empresarios, garantizándoles un precio justo que permita y mejore la calidad asitencial, adecuando los recursos humanos y técnicos a las necesidades de las personas ingresadas”. “Hacemos responsable a la Conselleria de Bienestar Social y, por ende, al Gobierno Valenciano de cualquier alteración asistencial que se produzca”, ha recalcado.