Las mascotas de los refugiados ucranianos no pagarán por los gastos de control en la Comunitat Valenciana

Hasta 122 centros de toda la Comunitat Valenciana se han presentado voluntariamente para asumir de manera altruista el trabajo de identificación y control sanitario de los animales que, en muchas ocasiones, acompañan a los refugiados que ahora están siendo acogidos. La cantidad de perros y gatos dados de alta y tratados, de seguir el ritmo actual, podría dispararse en las próximas semanas. Los tres colegios provinciales –Icoval (Alicante), ICOVV (Valencia) y COVCS (Castellón) así como el propio Consell Valencià de Col·legis Veterinaris (CVCV)- han organizado esta red de centros colaboradores y, ante la ausencia de ayudas por parte de las administraciones, han decidido, además, financiar el considerable coste económico de todo este necesario proceso. “De momento, hay más clínicas que han querido solidarizarse que animales registrados pero eso sólo evidencia que la reacción de los veterinarios valencianos ante la crisis humanitaria por la guerra en Ucrania ha sido sobresaliente”, destaca la presidenta del CVCV, Inmaculada Ibor.

La organización colegial autonómica de los veterinarios valencianos advierte, por otra parte, que la vigilancia sobre la entrada de esos animales es crucial para asegurar la salud pública. En primera instancia, porque esos perros y gatos necesitan ser desparasitados, tratados frente al Echicoccoccus multilocularis, que es endémico de Ucrania pero cuya presencia no se ha constatado en España y que puede llegar a producir la enfermedad conocida como hidatidosis, una zoonosis que podría afectar al hombre. Mayor amenaza supone, sin duda, la rabia en tanto Ucrania es el único país de Europa donde este virus sigue muy extendido entre animales y personas. Anualmente, hay –de hecho- unos 1.600 casos de rabia en animales en aquel país. De ahí, la importancia de que todos los perros y gatos llegados en brazos de los refugiados –como así ha quedado protocolizado por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y de la conselleria del mismo ramo- sean identificados (a través de un microchip e inscritos en el Registro Informático Valenciano de Identificación Animal (RIVIA), desparasitados, vacunados con la antirrábica y sometidos a una prueba serológica para comprobar sus defensas. Mientras tanto, mientras el Laboratorio de Santa Fe –que es el centro nacional de referencia en sanidad animal- analiza tales muestras, los animales deben ser sometidos a una cuarentena. La conselleria, que es la competente en materia de sanidad animal, ya ha comenzado a dar a conocer a los propietarios los primeros resultados de tales pruebas serológicas. Y a esa labor de control se han comprometido esos 122 centros colaboradores, repercutiendo los costes del material de identificación, sanitario y del proceso documental a los colegios de veterinarios.

Todos estos tratamientos no difieren en nada de los que son obligados (en distintas etapas, eso sí) para todos los perros ‘españoles’. Para todos, menos para los de Cataluña, el País Vasco y Asturias, regiones cuyos gobiernos autonómicos mantienen que la vacunación de perros y gatos es voluntaria. Situaciones como la actual, o el riesgo siempre presente de una entrada irregular de perros infectados procedentes de Marruecos, donde la enfermedad también es endémica, ratifican el sentido de que esta inmunización se mantenga como obligatoria. El MAPA, por otra parte y además, ya ha detectado que se han producido entradas irregulares de animales procedentes de Ucrania a cargo de entidades protectoras de animales y ha reconocido que, con carácter preliminar, el riesgo de introducción por esta vía del virus en nuestro país es “alto”.

Junto a ello, el Colegio de Veterinarios de Alicante (Icoval) ha alertado a las autoridades central y autonómica de los problemas ya detectados, fundamentalmente en esta provincia. Incidencias mínimas que en poco tiempo podrían pasar a mayores. De un lado, porque la mayor parte de albergues y hoteles habilitados para la acogida de refugiados no admiten la presencia de animales domésticos, con lo que ya se han dado casos en los que éstos han sido portados, ante la negativa de algunas protectoras ya de por sí bastante saturadas, a clínicas u hospitales veterinarios para que se hagan cargo de ellos. Del otro, porque los ucranianos desplazados han venido prácticamente ‘con lo puesto’ y ante cualquier eventualidad vinculada con la salud de su animal no pueden afrontarla. Ante tales circunstancias, la Conselleria de Agricultura se ha limitado a advertir que son los servicios veterinarios oficiales (SVO) los que deben decidir, en función de la evaluación del riesgo, dónde se alojan y pueden realizar la cuarentena estos animales. “Los veterinarios ya hemos demostrado nuestra solidaridad pero las clínicas no pueden hacerse cargo ni de la estancia ni de su atención permanente, por lo que se impone la actuación de la Administración antes de que la situación nos desborde a todos”, asegura el presidente de Icoval, Gonzalo Moreno del Val.