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Martínez Dalmau: "Garantizar el derecho a la vivienda es el reto social más importante de la próxima década para las administraciones públicas"

Martínez Dalmau: "Garantizar el derecho a la vivienda es el reto social más importante de la próxima década para las administraciones públicas"
  • El vicepresidente segundo ha explicado en Les Corts el decreto ley para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat

  • La norma aprobada por el Consell el pasado 5 de junio ha sido convalidada por la cámara autonómica

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha comparecido ante el Pleno de Les Corts para explicar y solicitar el voto favorable para la convalidación del Decreto ley 6/2020 -aprobado por el Consell el pasado 5 de junio- para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana, "desde el convencimiento de que garantizar el derecho a la vivienda es el reto social más importante de la próxima década para las administraciones públicas", ha manifestado.

El vicepresidente ha detallado que la regulación de los derechos de tanteo y retracto tiene una triple finalidad. "La más importante, es la ampliación del parque público de viviendas, tanto de la Generalitat como de todos aquellos municipios que lo necesitan de manera inmediata, para dar respuesta a la demanda de vivienda en este contexto de crisis económica y social".

En segundo lugar, tiene la finalidad de "proteger a todas las personas y familias que viven en las casas procedentes de ejecuciones patrimoniales del riesgo de una subida del precio del alquiler y del riesgo de ser desahuciadas, ofreciéndoles un alquiler social que les permita permanecer en sus casas".

En ese sentido, como prueba de ello se ha referido a las 218 casas adquiridas recientemente, de las cuales 95 estaban habitadas: "Con esta compra la Generalitat podrá dar a estas familias una alternativa estable".

La tercera finalidad, según ha destacado, es la de contribuir a destensionar el mercado del alquiler, ya que "es necesario trabajar para generar un mayor volumen de oferta pública y así incidir directamente en el precio, en la medida que nos sea posible".

Martínez Dalmau ha asegurado que el Gobierno valenciano "está demostrando con hechos la firme voluntad de garantizar el derecho a la vivienda; lo tenemos muy claro y, por eso, nos posicionamos junto a las valencianas y valencianos para hacer valer el artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada".

Además, ha hecho alusión al artículo 16 del Estatut d'Autonomia, en el cual se declara que la Generalitat "garantizará el derecho de acceso a una vivienda digna de los ciudadanos valencianos".

En un su intervención ante Les Corts, Dalmau ha incidido en la adquisición de 218 viviendas mediante el derecho de tanteo, una compra que -ha subrayado- "me atreví a calificar de histórica, puesto que significa un punto y aparte en las políticas de vivienda por dos motivos incuestionables: porque nunca antes la Generalitat había ejercido este derecho en viviendas de protección oficial de promoción privada y porque, si no se había hecho con anterioridad, no es por cuestiones legales, sino por decisiones puramente políticas".

Asimismo, ha descrito de forma pormenorizada el contexto actual, en el que "asistimos a un proceso por el cual las entidades financieras están desprendiéndose de todos los inmuebles que acumularon en la crisis económica de 2008".

Dalmau ha añadido que "utiliza el verbo desprender conscientemente y en el sentido literal de la palabra, porque el que hacen los bancos no es vender estas casas a los fondos de inversión sino que se desprenden de ellas a unos precios irrisorios agrupando miles de viviendas en paquetes".

Sobre las novedades que aporta el decreto, ha destacado el de la calificación permanente y ha advertido de que "se ha constatado que los regímenes de protección temporal han resultado insuficientes por la sencilla razón que una vez finalizado su periodo de protección acaban siendo viviendas libres y, por eso, todas las casas que adquirimos a partir de ahora tendrán una calificación de viviendas de protección oficial con carácter permanente, incorporándolas ala órbita de la Administración pública y asegurando el cumplimiento presente y futuro de la función social de la vivienda".

Además, otra novedad que ha destacado es el papel de los municipios en la compra de vivienda pública y ha hecho hincapié en la importancia de que "los municipios puedan tener sus viviendas públicas, con esto pretendemos asegurar una gestión más eficiente de proximidad del parque público de viviendas".

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