Martínez Dalmau: 'La Ley de la Función Social de la Vivienda es una herramienta avanzada y la vamos a desarrollar'
Se ha mostrado partidario de determinar aquello que se considera como vivienda deshabitada
También de fomentar acuerdos con las entidades privadas para la cesión de viviendas a la Administración para un uso social
El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha comparecido ante el Pleno de Les Corts Valencianes para explicar el grado de cumplimiento de la Ley de la Función Social de la Vivienda.
La Ley fue aprobada por la cámara autonómica en enero de 2017 y recurrida por la oposición parlamentaria ante el Tribunal Constitucional. Según ha explicado Martínez Dalmau, "pese a ello, continúa siendo una herramienta muy avanzada para consagrar el derecho a la vivienda y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para desarrollarla".
Martínez Dalmau ha destacado la prioridad del departamento que dirige, que se puede resumir en tres ejes, a partir de los cuales también se desarrollará la Ley de la Función Social de la Vivienda. "El primero, en ampliar el parque público de viviendas para dar respuesta a la emergencia habitacional. El segundo, evitar que se produzca ningún desahucio sin alternativa habitacional digna. El tercero, descentralizar las políticas de vivienda para tener una realidad más inmediata de lo que ocurre en el territorio".
En referencia al articulado de la Ley, se ha detenido en "los grandes tenedores de viviendas", que son, ha dicho, " los propietarios que disponen de más de 10 viviendas y que tienen la obligación a comunicar a la Conselleria cada 6 meses la relación de viviendas deshabitadas que poseen".
A este respecto, ha advertido de que "es momento de determinar aquello que se considera como vivienda deshabitada y empezar a diseñar los mecanismos para aplicar las infracciones previstas a los grandes tenedores".
Asimismo, se ha mostrado partidario de fomentar acuerdos con las entidades privadas para la cesión de viviendas a la Administración para un uso social, en clara alusión a los convenios suscritos con el Banco Sabadell y la SAREB durante las últimas semanas, con motivo de la posemergencia producida por la DANA.
Sobre el desarrollo reglamentario de la Ley, ha puesto énfasis en evitar que se produzcan desahucios sin alternativa habitacional y ha hecho hincapié en la importancia de "los registros de oferta y demandantes de vivienda, incluidos en el artículo 11".
También ha hecho mención al papel de la Administración local y a la colaboración con ayuntamientos, mancomunidades y entes provinciales y ha abogado por "descentralizar los puntos Infohabitatge, para desplegar este servicio en toda la Comunitat".
