Martínez Dalmau asegura que el Consell ha dado un paso decisivo en la consecución del derecho constitucional a la vivienda

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha dado a conocer a las entidades y organizaciones que trabajan en el ámbito de la vivienda el Decreto ley para ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana, aprobado por el Consell el pasado viernes y al que muchas de ellas han hecho aportaciones durante el proceso participativo.

El acto ha contado con la presencia de representantes de Cruz Roja, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), del Colegio de Registradores de la Comunitat Valenciana, del Colegio de Notarios de Valencia, de la Agencia Tributaria, del Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana, del Colegio de Administradores de Fincas, del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), de la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (Evha) y de los Grupos Parlamentarios de Les Corts.

Martínez Dalmau ha asegurado que "desde el Gobierno valenciano hemos entendido el mensaje de Naciones Unidas sobre derechos económicos, sociales y culturales de las personas afectadas por la privación al derecho a la vivienda".
"La vivienda es un derecho que engloba otros derechos y, por eso, desde el Consell hemos dado este paso decisivo en la consecución plena de un derecho constitucional ", ha añadido.

El vicepresidente ha manifestado que con la aprobación de este decreto "iniciamos el camino para conseguir duplicar el número de viviendas de interés social en los próximos 10 años, tal y como nos hemos comprometido y tal y como se ha plasmado en el Pla Hàbitat 20-30".

"El decreto ley es una realidad y supondrá un antes y un después en las políticas públicas de vivienda, no solo en la Comunitat sino también en el estado español. Por primera vez tenemos las herramientas necesarias para evitar que las casas donde vive la gente acaben siendo propiedad de los fondos de inversión", según el vicepresidente.

Novedades que aporta el decreto ley

Martínez Dalmau ha aludido a los puntos sobre los que se fundamenta la norma y, en primer lugar, ha dicho que "desde la Generalitat queríamos recuperar las viviendas que perdió la gente en su día por culpa de sus deudas hipotecarias, por eso hemos ampliado, por primera vez, los supuestos para la compra de viviendas mediante el tanteo y retracto, y ahora podremos comprar casas procedentes de ejecuciones hipotecarias, daciones en pago y ventas-extrajudiciales".

En esta sentido, ha afirmado que "además podremos intervenir en las grandes operaciones de venta de vivienda, es decir, en edificios o paquetes de más de 10 viviendas, y esto nos permitirá ofrecer una respuesta inmediata para solucionar problemas de acceso a la vivienda, poniendo las casas a disposición de la ciudadanía".

Martínez Dalmau se ha referido a los recursos públicos en promociones de viviendas que "han acabado finalmente siente objeto de especulación" y ha anunciado que "todas las casas adquiridas a partir de ahora tendrán una calificación de viviendas de protección oficial con carácter permanente, asegurando el cumplimiento presente y futuro de la función social de la vivienda".

"Había que dar un paso decisivo para frenar prácticas especulativas con los recursos públicos", ha señalado.

Una de las novedades del decreto ley es que los ayuntamientos también puedan ejercer el derecho de tanteo y retracto. Según ha detallado Martínez Dalmau, " siempre respetando la autonomía municipal, las decisiones de las corporaciones y trabajando para establecer los mecanismos de colaboración adecuadas con cada una de ellas".

"La Generalitat cederá el derecho a las entidades locales que tengan capacidad de gestionar estos tipos de expedientes. Queremos que nuestros pueblos puedan tener sus viviendas públicas y pretendemos asegurar una gestión más eficiente y de proximidad del parque público de viviendas", ha explicado.

El decreto ley prevé que las entidades sin ánimo de lucro que realizan funciones de reinserción social puedan adquirir u obtener casas mediante cesión de vivienda pública. "El ejemplo lo tenemos en la crisis de la COVID-19 como muchas entidades y organizaciones sin ánimo de lucro están haciendo un trabajo inapelable", según Dalmau.

Además del vicepresidente, han intervenido la subsecretaria de la Conselleria, Blanca Jiménez, el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, César Jiménez, la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga, y la asesora en asuntos jurídicos María José Guiralt.

Guía informativa

Asimismo, se ha presentado la guía informativa que explica cómo la nueva norma permitirá a las administraciones públicas adquirir vivienda de protección pública -a través del derecho de tanteo y retracto-.

La guía incluye las medidas implementadas con el objeto de poder ampliar la red de vivienda pública y recoge también los objetivos fundamentales y las medidas específicas para alcanzar cada uno de ellos, así como un breve esquema de la estructura formal del decreto.

La guía está dirigida al conjunto de la ciudadanía valenciana y, de forma específica, a los operadores y operadoras jurídicos y económicos de la Comunitat.