Marcos advierte de que con la ley “chapuza” de Puig "desaparecen 1.500 policías locales"
La portavoz de Gobernación del Grupo Parlamentario Popular, Verónica Marcos, ha advertido hoy de que la nueva ley "chapuza" de policía local del Consell provocará la desaparición de 1.500 agentes de un total de 10.000 y supondrá un coste de más de 60 millones al año "por una norma que nos hace perder efectivos, un auténtico despropósito".
Así, ha señalado que en las pasadas vacaciones ya faltaron 400 agentes de policía local en la Comunitat para atender las demandas de seguridad de los valencianos en esas fechas debido al "despropósito legislativo" de Ximo Puig.
Marcos ha denunciado que la Ley de Coordinación de Policías Locales está "perjudicando la seguridad, la tranquilidad y la imagen de los municipios de la Comunitat Valenciana" y "poniendo el riesgo motores como el turismo, tan determinantes para los pueblos del interior y de la costa".
Así, ha recordado que la Ley de Coordinación de Policías Locales no permite a los ayuntamientos contratar a policías para cubrir los periodos de afluencia de gente en momentos puntuales como pasaba hasta ahora y "el Consell no ha arbitrado alternativas para cubrir estas necesidades". "Puig ha dejado las plantillas de la policía local en un limbo".
Para Marcos, en la nueva Ley de policías locales, Puig "hace oídos sordos a las demandas de los municipios, de los vecinos, de los turistas y de los policías locales".
Al respecto, ha recordado que el artículo 39 de la norma establecía una excepción para la provisión "temporal y urgente" de puestos de trabajo previo informe de la Dirección General competente, pero Puig "ha eliminado esta posibilidad creando un problema donde no lo había". "Una policía local fuerte y dotada de medios es garantía para la convivencia y los derechos y libertades de los ciudadanos", ha señalado.
Por ello, le ha solicitado que "arbitre las iniciativas legales necesarias que permitan a las entidades locales contar con los efectivos oficiales suficientes con el objetivo de velar y garantizar la seguridad ciudadana en los municipios de la Comunitat".
Para Marcos, la ley es "una oportunidad perdida" que "no recoge ni una sola de las 80 alegaciones planteadas por los diferentes sindicatos" con lo que "nace sin participación ni consenso".
Además, ha señalado, la nueva ley ya nace "tocada" porque ya cuenta con la impugnación de artículos como el de la validez del título universitario propio de Ciencias de la Seguridad para el acceso y promoción, el régimen disciplinario, el acceso automático de Oficial a grupo B sin título superior, los servicios de paisano autorizados por Alcaldía y un "largo etcétera".
